SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0808/2020-S4

         El desarrollo jurisprudencial ha indicado que el derecho a la defensa, además de ser un instituto que forma parte de las garantías del debido proceso, tiene una consagración autónoma en el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional; ello se puede apreciar en el contenido del art. 115.II de la CPE, que prescribe como deber del Estado, el de garantizar, entre otros, el derecho a la defensa; en ese mismo sentido, se tiene regulado en el art. 119.II de la citada Norma Suprema.

         La jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la garantía de debido proceso, estableció que constituye una “potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (SC 1534/2003-R de 30 de octubre).

         En cuanto a su contenido, el derecho a la defensa comprende a su vez otros derechos; entre ellos los señalados por la legislación penal, como: el de ser asistido por un abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del citado Código), el derecho a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del adjetivo penal), el derecho a que el Estado le otorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), el derecho a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes (art. 121 de la CPE).

         Al respecto, la SC 0206/2010-R de 24 de mayo, refiriéndose al derecho fundamental a la defensa, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, precisó que: “…es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional”.