SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0176/2020-S4

En el caso concreto, la empresa accionante, a través de su representante legal, denuncia que las Magistradas demandadas que conforman la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, vulneraron sus derechos a la propiedad agraria, al debido proceso, y a sus elementos a la valoración probatoria, fundamentación y motivación, vinculados a los principios de verdad material, prevalencia del derecho sustancias sobre lo formal, de favorabilidad, pro hómine, seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley (como principio, derecho y valor constitucional), al juez natural en su elemento al juez competente; y la cosa juzgada material; dado que, dentro del proceso saneamiento iniciado con relación al predio agrario de su propiedad, denominado “Alejandra y Toborochi”, ubicado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, que se inició con la emisión de la Resolución Determinativa 008/2000 de 18 de agosto, y cumplió con todas la etapas y exigencias normativas, llegándose a verificar el derecho propietario, la posesión legal y el cumplimiento de la FES y pese a que el INRA emitió la Resolución Final de Saneamiento denominada RA RA-SS 0052/2010 de 2 de febrero; el Viceministerio de Tierras, interpuso en su contra una demanda contenciosa administrativa, el 1 de agosto de 2012; es decir, después de dos años y medio de emitida la Resolución que se impugnó.

Por las razones anotadas, ante la duda sobre la constitucionalidad de la norma reglamentaria que facultaba al Viceministro de Tierras a presentar demandas contencioso administrativas, permitiendo que el Estado se demande a sí mismo sin plazo alguno, los ex Magistrados del Tribunal Agroambiental promovieron de oficio una acción de inconstitucionalidad concreta, que fue resuelta a través de la SCP 0070/2017 de 24 de octubre, y pese a que, mientras tanto, debió suspenderse la tramitación de la causa principal; sin embargo, la Sala Primera de dicho Tribunal, de todas formas emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1 74/2018 de 3 de diciembre, dejando sin efecto todo el procedimiento de saneamiento que duró más de dieciséis años.