SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2020-S3
Fecha: 24-Jul-2020
improbada
A este fin, resulta pertinente contextualizar los antecedentes procesales como jurisdiccionales inherentes a las problemáticas medulares formuladas, así se tiene que, mediante Sentencia 05/2018 de 5 de octubre, emitida por el Juez Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar de la Capital del mencionado departamento, dentro del proceso de nulidad de documentos y reconvención de la acción de reivindicación planteado por Juan, Teodoro Tito, Celia Celina, Marina Martha, Wilfredo, Hilarión, Alejandro, todos Valencia Aranibar; y, Juana Valencia -Aranibar- de Flores -hoy terceros interesados- contra los ahora impetrantes de tutela, figurando como tercero interesado Mario Valencia Aranibar, se declaró improbada la demanda principal de nulidad de documentos y probada la reconvencional de acción de reivindicación interpuesta por Guadalupe Medina Barco -hoy peticionante de tutela-, sin costas, disponiendo que una vez ejecutoriado el fallo los demandantes reconvenidos procedan a devolver los lotes objeto de la demanda a la referida demandada reconvencionista (Conclusión II.5.); contra dicha determinación, por memorial presentado el 15 de octubre de 2018, Juan Valencia Aranibar por sí y en representación de Wilfredo, Hilarión, Alejandro, todos Valencia Aranibar y de Juana Valencia -Aranibar- de Flores -hoy terceros interesados- formuló recurso de casación impugnando la antes referida Sentencia 05/2018; asimismo, por escrito de igual fecha, Teodoro Tito y Celia Celina, ambos Valencia Aranibar -ahora terceros interesados- interpusieron recurso de casación contra dicho fallo (Conclusión II.6.); los cuales fueron respondidos por los ahora peticionantes de tutela por memoriales presentados el 26 de octubre de 2018, (Conclusión II.7.); siendo resueltas las impugnaciones formuladas a través del Auto Agroambiental Plurinacional S1a 4/2019 de 29 de enero, dictado por las Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental -hoy accionadas-, quienes casando la Sentencia 05/2018 y, deliberando en el fondo: i) Declararon probada la demanda de nulidad de los contratos de venta de: a) 28 de noviembre de 1991, reconocido en sus firmas y rúbricas ante el “Juzgado de Mínima Cuantía Nº 18 de Cochabamba” y la Escritura Pública 920/1997 de 6 de junio; y, b) 20 de enero de 1992, reconocido en sus firmas y rúbricas ante el “Juzgado de Mínima Cuantía Nº 18 de Cochabamba” y la Escritura Pública 1290/97 de 12 de agosto de 1997; ii) Dispusieron la cancelación de los registros correspondientes a los predios objeto de la demanda; y, iii) Declararon improcedente la demanda reconvencional de acción de reivindicación interpuesta por Guadalupe Medina Barco -ahora accionante- (Conclusión II.8.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- el Juez de instancia incurrió en error de hecho en cuanto a la valoración de la prueba
- El Juez de instancia incurrió en errónea interpretación de los arts. 1293 y 1309 del Cod. Civ. Por cuanto no existe constancia de la existencia de las minutas de transferencia de 28 de noviembre de 1991 y la de 20 de enero de 1992, en los registros públicos
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- En cuanto a la motivación
- Fragmento 22
- Fragmento 23
- verificar si en esa labor no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico
- cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela
- a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional
- a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos de congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial
- corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca
- valoración de la prueba
- en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final;
- Fragmento 31
- improbada
- Respecto al alegado incumplimiento de emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada
- b)
- c)
- violación
- recurso de casación en la forma
- d)
- CASACIÓN EN EL FONDO
- En cuanto a la reclamada incongruencia omisiva externa
- esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’
- CONSIDERANDO
- Sobre la incorrecta apreciación de los hechos y actividad jurisdiccional efectuada por las autoridades judiciales accionadas
- En cuanto a la alegada falta de valoración de la prueba relacionada con el derecho al acceso a la justicia y al principio de verdad material
- excepcionalmente
- Fragmento 46
- CONFIRMAR