SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2020-S1

Jorge Edwin Ayala Pabón y María Inés Reyes Navarrete en representación del Ministro de Defensa, Rubén Eddy Salvatierra Fuentes, indicó que no se convocó a COSSMIL a esta acción, cuando es la instancia que paga la renta de cesantía una vez que el accionante ingrese al servicio pasivo. Que como servidores públicos les corresponde obedecer las normas del país, sin que sea necesaria una auditoría, pues todos remitieron información para ser evaluada por el respectivo verificador. Llamó la atención que las aprobaciones parciales a sus cargos no hayan sido mencionadas, existiendo cuenta de cargo pendiente, del que el interesado tiene que hacer seguimiento, para eso está el reglamento de descargos. Afirmó que, si bien hay protección de derechos, los bienes del Estado también merecen protección. Solicitó se deniegue la tutela porque no se concluyeron los trámites de descargo pendientes, que tiene el accionante, haciendo alusión además a que tiene un proceso penal pendiente.

Jorge Elmer Fernández Toranzo, a través de su abogada, expresó que: mediante memorial, el accionante pidió vigilancia a la acreditación de documentos por parte del Comando General del Ejército, al cual requirió información y el motivo que estaría impidiendo la extensión de la acreditación o certificación del accionante, habiendo recibido la respuesta que hace conocer. Aclaró que el comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no tiene atribución sobre la extensión de certificaciones, ya que es un trámite administrativo.