Auto Supremo AS/0801/2018

De todos estos preceptos, se concluye que las personas con discapacidad cuentan con especial protección, debido a su situación de desventaja frente al común de la población, por sus propias limitaciones, que en muchos casos les imposibilita la igualdad de condiciones y a acceder por sí mismas a un medio de sustento que les permita vivir dignamente y sin discriminación en el ejercicio de otros derechos reconocidos; estos aspectos que obligan al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que en la búsqueda del “vivir bien”, reivindiquen los derechos de estas personas y les permitan su plena inclusión a la sociedad y el Estado, gozando este sector de regulación constitucional propia, norma fundamental que garantiza a las personas con discapacidad como también protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, es así que, mediante la aprobación de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo” citado y la LGPD, se reconoce con énfasis, el uso irrestricto del ejercicio a su derecho de constituir su propia familia, sin que ello signifique la negación de otros derechos, como son la protección y estabilidad económica que permiten mejorar sus condiciones de vida