Auto Supremo AS/0394/2020-RRC

Con ello, la parte querellante procuró la corrección de la Sentencia de mérito, exponiendo como agravio la inobservancia de la última parte del art. 292 bis del CP, esto es la imposición de la pena de 30 años como consecuencia de la muerte como resultado del delito; considerando que la finalidad de los acusados era quitar la vida a la víctima, que ello fue demostrado en juicio oral, ya sea por la declaración de los testigos como por las condiciones especiales de aquella. Señaló además que el Tribunal de origen había omitido “considerar que se demostró la muerte de la víctima y que para esta muerte…no es necesario contar con certificado médico forense, por libertad probatoria se puede demostrar la muerte por otros medios como en la especie a través de la prueba testifical, pericial, inspección ocular seguida de reconstrucción” (sic). En definitiva, en lo que a este tema manda, no se había cuestionado ni la legalidad en la producción de la prueba ventilada, ni se denunció anomalía en su valoración crítica, sino que las observaciones apuntaron a censurar la reconstrucción histórica realizada por el Tribunal de sentencia que concluyeron que no obstante el hecho fáctico probado y la convicción acerca de la culpabilidad de los acusados, se haya considerado que el elemento muerte de la víctima no haya sido acreditado documentalmente o que los indicios que sustentasen el razonamiento de tener por cierta la muerte no fueron suficientes