0000688 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO mediante el procedimiento de la expropiación (
0000688 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO mediante el procedimiento de la expropiación (...)./ De esta manera, la declaratoria de utilidad pública es el parámetro de cumplimiento de la afectación en torno a la finalidad declarada por el legislador. Por otra parte, la declaratoria constituye el paso ineludible para una expropiación, pero ella misma no configura la expropiación, sino que habilita su expropiabilidad. Por lo tanto, es perfectamente posible que exista una declaratoria de utilidad pública vigente que no se materialice próximamente en una expropiación posterior" (STC 3250 C. 12°). 7°. La declaratoria de utilidad pública se funda directamente en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, revistiéndola de una serie de garantías, tales como las siguientes: solo compete a la ley calificar la utilidad pública de determinadas propiedades, esta ley puede ser general o especial, dicha calificación procede por razones de utilidad pública o de interés nacional y se inserta en un procedimiento más complejo (STC 3250 cc .12° a 16°) b. El legislador urbanístico protegió los derechos consolidados 8°. Atendido que la Ley 20.791 "revivió" las declaratorias de utilidad pública que habían caducado por efecto de las Leyes N° 19.939 y 20.331, la misma ley se preocupó de resguardar los derechos adquiridos. Así lo explicamos en la STC 2917. "(...)De esta forma, en la medida que existan terrenos con un anteproyecto aprobado o un permiso de edificación otorgado conforme a dichas normas y vigentes, se debe entender que no se verán afectados por dicha declaración. Por lo tanto, respecto de aquellos terrenos, debemos entender que se mantendrán vigentes las normas asignadas mientras no sean objeto de modificación por la autoridad competente, la que podría proceder en el evento de producirse la caducidad de los plazos de vigencia de los anteproyectos y proyectos" (STC Rol 2917, c. 8°) 9°. Asimismo, de la anterior excepción también se facultó a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y a las Municipalidades para dejar sin efecto dichas declaratorias mediante un acto administrativo (resolución o decreto), en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la ley. Esta medida ha tenido por objeto que estas entidades determinen si resulta necesario o conveniente mantener dicha afectación, atendiendo a las condiciones y circunstancias de cada región o comuna. En el evento de que decidan dejarla sin efecto, las municipalidades tienen un plazo de tres meses para dictar las nuevas normas urbanísticas aplicables a dichos terrenos, las que también deben asimilarse a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno, previo informe de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. A su vez, en el evento que la municipalidad no cumpla con dicho plazo, es posible recurrir a la misma Secretaría, que, en subsidio del municipio, deberá fijar dichas normas dentro del mismo plazo y siguiendo los mismos criterios" (STC Rol 2917, c. 9°). 20
- 0000669 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 2021 REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia Rol 9031-2020 [11 de marzo de 2021] ____________ REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO TRANSITORIO, INCISO PRIMERO, DE LA LEY N° 20
- 0000670 SEISCIENTOS SETENTA “Artículo transitorio
- 0000671 SEISCIENTOS SETENTA Y UNO La Ley N° 20
- 0000672 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS los distintos polígonos urbanísticos al considerar que toda la propiedad de Fundación Las Rosas se encuentra afecta a utilidad pública
- 0000673 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Explica que no hay ventajas ni utilidades reales que nazcan a propósito de la declaratoria de utilidad pública
- 0000674 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO A lo anterior, agrega que la aplicación de la norma vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, establecido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, toda vez que, en los hechos, se hace imposible vender, transferir, enajenar, o arrendar el inmueble de propiedad de la Fundación
- 0000675 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO emitido y pronunciado en conformidad a la normativa vigente, ajustándose a lo preceptuado en la Ley N° 20
- 0000676 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS que habilita su expropiabilidad, por lo que es posible que exista una declaratoria de utilidad pública vigente que no se materialice próximamente en una expropiación posterior
- 0000677 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es decir, a las normas generales de la ordenación urbanística
- 0000678 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se encuentra emplazado en Avenida Pajaritos N°3490, Loteo Quinta Las Rosas, fue adquirido por tradición, y cuyo título es una donación que se celebrara el año 1993; TERCERO: Que, el conflicto de constitucionalidad planteado por la parte requirente, surge con ocasión que el inmueble individualizado en el considerando anterior, fue declarado Monumento Histórico el año 1994 (Decreto Exento N°325, Ministerio de Educación) y posteriormente -el año 2005- fue liberado parcialmente, quedando afecta la casa patronal del predio y el parque y, desafectado una porción de terreno de uso exclusivamente agrícola (Decreto Exento N°415 Ministerio de Educación a fojas 154)
- 0000679 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE del Ministerio de Educación y que, el CIP N°006295 se modificara en el sentido de que contuviera las normas urbanísticas fijadas en el Decreto Alcaldicio N°3610/2010 de 11
- 0000680 SEISCIENTOS OCHENTA que éste sea destinado al cumplimiento de una finalidad pública mediante el procedimiento de la expropiación” (STC Rol N°3250 c
- 0000681 SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO GARANTÍA DEL ARTÍCULO 19 N°24 CONSTITUCIONAL DÉCIMO: Que, en consecuencia, el análisis constitucional que se debe efectuar sobre la norma jurídica objetada debe centrarse, fundamentalmente, en el derecho de propiedad
- 0000682 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DÉCIMO SEGUNDO: Que, siguiendo la doctrina de esta Magistratura Constitucional expresada en sentencia Rol N°5172-18, se ha entendido al dominio como “el derecho que tiene toda persona sobre los bienes corporales e incorporales que conforman su patrimonio, adquiridos por algún modo de aquellos establecidos en la ley, otorgándole la facultad de usar, gozar y disponer de ellos, estando sujeto a las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, siempre que una ley así lo disponga” (STC Rol N°2985,-16 c
- 0000683 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES cual se necesita ley que esté fundada en algunos de los elementos que comprende dicha función, siendo uno de ellos la utilidad pública, cuyo concepto no es preciso, pero que en general se entienden integran la utilidad pública aquellos bienes destinados al beneficio general de la población para su recreo, para el progreso del orden urbano o bien para la preservación de la arquitectura y diseño de una ciudad; DÉCIMO SEXTO: Que, las limitaciones al dominio deben ser armónicas con la seguridad jurídica que tiene que contener el orden legal, en términos que no afecten el contenido esencial de la propiedad, estableciéndose normas jurídicas que contengan condiciones estables que conlleven a situaciones de certeza, lo que no ha ocurrido con la disposición legal cuestionada
- 0000684 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO del terreno, debiendo asumir las consecuencias económicas de que el inmueble de su dominio se encuentra afecta a una declaratoria de utilidad pública, de manera indefinida, infringiéndose, de esta manera, el citado artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental; VIGÉSIMO: Que, la libertad económica se garantiza, en la Constitución, a toda persona, lo que implica que cualquiera pueda emprender una actividad de orden económico que permita efectuar un negocio, el que la más de las veces trae aparejado un bienestar a terceros, sea por la empleabilidad que se genera, sea por los bienes o servicios que presta, produce o transfiere
- 0000685 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Constitución Política de la República y de la Ley N° 17
- 0000686 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS En 2019 la requirente solicitó a la Dirección de Obras Municipales la emisión de un Certificado de Informaciones Previas que reflejara las normas urbanísticas del predio para reconocer su desafectación parcial
- 0000687 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE También alega la violación de su derecho a desarrollar una actividad económica, por cuanto se hace imposible realizar un negocio lícito al hacer inviable cualquier posible venta del predio para poder financiar las obras sociales que realiza
- 0000688 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO mediante el procedimiento de la expropiación (
- 0000689 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE c
- 0000690 SEISCIENTOS NOVENTA 13°
- 0000691 SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO propiedad
- 0000692 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS legales vigentes, pues no existe derecho a congelar tal regulación para privilegiar actividades económicas
- 0000693 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 1215), la cesión gratuita de terrenos para áreas verdes (STC Rol N° 253), las limitaciones que provienen de la declaración de zona típica (STC Rol N° 2299) y las obligaciones que de deducen del productor de gestionar los residuos (STC Rol N° 3020, aunque no se pronuncia expresamente)
- 0000694 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ha repetido en diversas ocasiones, el CIP “mantiene su validez mientras no se modifiquen las normas urbanísticas, legales o reglamentarias pertinentes
- 0000695 SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 2°
- 0000696 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país