Sentencia Rol 87 - 2020

0000693 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 1215), la cesión gratuita de terrenos para áreas verdes (STC Rol N° 253), las limitaciones que provienen de la declaración de zona típica (STC Rol N° 2299) y las obligaciones que de deducen del productor de gestionar los residuos (STC Rol N° 3020, aunque no se pronuncia expresamente). En este caso la limitación está contemplada en la Constitución, pues se trata de un requisito constitucional para la expropiación. 22°. Hay que recordar que, en esta materia, en función de uno de los alegatos formulados por el requirente relativos a la ausencia de proporcionalidad en la carga, que hay un doble régimen de compensación. Primero, el propiamente constitucional. Como ya sostuvimos, se cautela el derecho de propiedad porque la declaratoria de utilidad pública puede dar paso a su expropiación y la Constitución resuelve la vulneración del contenido esencial del derecho de propiedad consistente en su privación mutándolo por la indemnización correspondiente por el daño patrimonial efectivamente causado. En segundo lugar, no se desconoce que los efectos de una declaratoria pueden ser inciertos y dependientes de la planificación urbana. Por lo mismo, es que algunos autores buscan fórmulas de solución en un régimen de adecuadas compensaciones (Cordero, 2015, 325 y siguientes). Sin embargo, tal dimensión es un asunto de mérito legislativo en donde se asume que los efectos del planificador pueden ser favorables o perjudiciales para el que sufre la afectación. En tal sentido, la carga pública no implica siempre y de un modo inequívoco una pérdida de valoración de la propiedad, sino que muchas veces una mayor estimación de la misma. Este Tribunal ya tuvo presente estas consecuencias en el pasado (STC Rol N° 253) y actualmente el propio legislador contempla un régimen parcial de estas compensaciones (artículo 88 de la LGUC). Por tanto, no se ve cómo puede producirse la indicada desigualdad de trato. IV. Aplicación de criterios al caso concreto 23°. Esta Magistratura ha señalado que las declaratorias de utilidad pública están rodeadas de garantías que permiten cautelar los derechos de propiedad mediante la intervención del legislador y del estatuto constitucional de la expropiación. Todas ellas en ejecución de la función social de la propiedad y como manifestación de la consideración no absoluta del derecho de propiedad en nuestro ordenamiento. (STC 3250 c. 39°). El legislador, mediante la Ley N° 20.791, en su artículo transitorio, protegió los derechos adquiridos, disponiendo que los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública. 24°. Según consta de los antecedentes, el requirente no ha presentado anteproyecto o permiso alguno ante la DOM y basa sus alegaciones fundándose en el Decreto Alcaldicio N° 3610, reflejados en los CIP 2010 y 2013. Sin embargo, como se 25