SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1464/2004-R

III.5.    Respecto al derecho de petición, entendido por la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 189/2001-R, de 7 de marzo, como “…la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa…”; se constata que los actores, en representación del Sindicato “2 de junio”, presentaron ante el Concejo Municipal su solicitud de “revocatoria de Ordenanza Municipal” el 10 de febrero de 2004; recurso que si bien no está previsto para las ordenanzas municipales -pues de éstas sólo se puede solicitar la reconsideración- no es menos cierto que en virtud del principio de informalismo, los concejales municipales debieron dar respuesta al actor; al no hacerlo, lesionaron el derecho de petición del sindicato representado por los actores.