SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0482/2005-R

La Aduana Nacional a través de sus abogados ratificó los memoriales presentados y los amplió indicando que para perseguir los delitos aduaneros de acción pública precisan del Ministerio Público, el cual debe actuar en forma libre, sin ninguna restricción, pero en este caso la resolución de la Fiscal de Distrito recurrida, violó la normativa que respalda lo afirmado, correspondiendo la tutela inmediata de la recurrente, independientemente de que hubiera asumido defensa o no ante el Fiscal de Materia o vaya a asumirla dentro del proceso penal, toda vez que la Resolución impugnada es atentatoria a la facultad de la Aduana y de la Fiscal recurrente y constituye una amenaza que no le permitirá ejercer la persecución penal y perjudicará el derecho de la aduana a recaudar los tributos respectivos, además de estarle causando un daño irreparable. La mencionada Resolución fue dictada con exceso de poder y el otro fundamento para la revocatoria que es el hecho de que el fiscal Jorge Sandro Rueda no dio aviso a la autoridad jurisdiccional de la investigación, no tiene asidero legal ya que para el rechazo de una querella no se requiere notificar a la autoridad jurisdiccional por cuanto ese requisito formal es cuando el fiscal va a investigar un hecho delictivo. Hizo notar que Hilario César Urzagasti Aguilera tiene la acción recriminatoria que debe ser iniciada una vez concluya el proceso en su contra. Por último, dijo que la Resolución atenta contra los intereses del Estado que a la conclusión de una fiscalización presenta denuncia, pidiendo la procedencia del recurso.