SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1695/2010-R

Los recurrentes, ahora accionantes, alegan la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la petición, a la propiedad privada y a la defensa, toda vez que funcionarios municipales utilizando una serie de argumentos insustanciales y carentes de fundamento jurídico, les negaron de manera recurrente la entrega de la orden de amurallamiento y la inscripción catastral de los lotes de la urbanización de su propiedad que como propietarios hicieron aprobar, aunque nunca se les notificó con la existencia de superposición, desplazamiento o el documento técnico en el que se amparan para objetar el plano aprobado por los propios funcionarios municipales y  que fue rehabilitado al uso residencial por ordenanza municipal emitida para la aprobación de la urbanización, pues los errores que pudiesen existir en los planos de la urbanización en la cartografía, son de exclusiva responsabilidad del municipio como ente administrador de su sistema al que no tiene acceso el administrado, pero que en ningún momento se les comunicó y además no existían al momento de la aprobación del plano. Corresponde en revisión verificar si los hechos denunciados son evidentes y si ameritan la protección que brinda la presente acción tutelar.