SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2640/2010-R

El recurrente alega la vulneración de los derechos de la empresa que representa a la “seguridad jurídica”, al trabajo, la industria y comercio, así como de los principios de jerarquía normativa, de buena fe y a la doctrina de los actos propios, de irretroactividad y de modificación de derechos adquiridos, indicando que por Resolución RA-USO-GC.03-066-05, la Aduana Nacional de Bolivia, a través de la Unidad de Servicio a Operadores, resolvió autorizar a la empresa que representa la ampliación de jurisdicción aduanera al departamento de Santa Cruz, conforme a su solicitud. Sin embargo, posteriormente, con las determinaciones asumidas mediante la Resolución RD 03-092-07, intentó prácticamente extinguir antijurídicamente y sin mayores argumentos legales, la figura de las ampliaciones de jurisdicción vigentes por imperio del art. 63 del DS 25870, desconociendo dicha norma. De igual forma, pretendiendo consumar la desaparición de las ampliaciones de jurisdicción ya conferidas con anterioridad a las agencias despachantes de aduana, por Resolución RD 01-004-08, se establecieron novedosos requisitos y condiciones no previstos ni en la Ley General de Aduanas ni en su Reglamento, para la autorización del ejercicio de funciones de despachantes de aduana a nivel nacional, desconociendo derechos adquiridos por las agencias que obtuvieron sus ampliaciones de jurisdicción, figura distinta de las funciones a nivel nacional. Agrega que, tratando de concretar su actividad ilegal, la Aduana dictó la Resolución RD-022-08, resolviendo aclarar que el plazo de sesenta días previsto en la Resolución RD 03-092-07, se computaría a partir de la fecha de notificación del resultado de la evaluación de las tesinas o la acreditación de la maestría en comercio exterior presentadas que cumplieran con los requisitos de habilitación a la prueba de suficiencia para ejercer sus funciones a nivel nacional, determinando también que, los que contaren con ampliación de jurisdicción y no se presentaran a la convocatoria, no sería aplicable el plazo, debiendo la Unidad de Servicio a Operaciones, proceder a cancelar sus autorizaciones. Contra dicha determinación arbitraria e irracional, presentó el 4 de junio de 2008, recurso de revocatoria, al amparo del art. 38 de la LGA, el que fue resuelto por la Resolución RD 03-085-08, denegando su impugnación revocatoria, pese a que se había vencido el plazo procedimental fijado en dicha norma, operando el silencio administrativo positivo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de la empresa representada por el recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.