SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0525/2010-R

El Tribunal de garantías, en su Resolución de 22 de noviembre de 2007, cursante a fs. 129 a 134 de obrados, utiliza el término improcedente, para denegar la tutela respecto a la Jueza y Fiscal demandadas, así como procedente para conceder la misma, respecto de los Vocales demandados, al respecto, el art. 126.III de la Constitución vigente, establece que “…la sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente…”, terminología que es compatible a la utilizada por el art. 18 de la Constitución abrogada. Ahora bien, se debe entender que al ordenar la tutela, es coherente utilizar el término “otorgar la tutela”; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá “denegar la tutela”. Por su parte, el Tribunal Constitucional, deberá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces.