SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1388/2010-R

El 19 de julo de 2002, se apersonó a la causa Hilarión Rodríguez Terán, solicitando la retención del monto del remate del vehículo conforme a la orden emitida por la Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial, por Auto de 19 de agosto del mismo año, el Juez de la causa denegó la solicitud y se negó a entregar el expediente para efectos del concurso necesario de acreedores que se había promovido contra los deudores con el argumento de que no existían dineros que retener y el proceso se encontraba en ejecución de sentencia. Ante la determinación de negar el envío del expediente los acreedores demandaron amparo constitucional que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba que, por Resolución 46/2002 de 16 de octubre declaró procedente el recurso dejando sin efecto la compensación realizada ordenando la remisión del expediente, el vehículo y el monto del remate al Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial antes señalado, en revisión, el Tribunal Constitucional mediante la SC 1544/2002-R de 16 de diciembre, aprobó parcialmente la Resolución declarando procedente el amparo únicamente respecto a la adjudicación del vehículo, anulando el remate y ordenando se realice uno nuevo y declaró la improcedencia con relación a la acumulación del proceso ejecutivo al concurso necesario.

Sin ser parte en el proceso ejecutivo Hilarión Rodríguez Terán, por memorial de 14 de marzo de 2003, solicitó al Juez de la causa se le ordene depositar el vehículo de propiedad de los deudores que le fue adjudicado, bajo conminatoria de multa diaria de bs 200.- (doscientos bolivianos) en caso de incumplimiento; es así que José Aguilar Rojas, en suplencia del Juzgado Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de 17 de abril de 2003, le ordenó exhibir el vehículo y realizar la entrega a Juan Carlos Frege Hirmas a quien designó depositario judicial con el único argumento de dar cumplimiento a la SC 1544/2002-R, sin explicar las razones jurídicas por las que permitía la intervención de Hilarión Rodríguez Terán, decisión que objetó, siendo resuelta por Auto de 14 de mayo del mismo año, con el argumento de que su persona carece de posibilidades de adjudicación definitiva en aplicación del art. 578 del Código de Procedimiento Civil (CPC) declarando sin lugar su reclamo y solicitud, norma que no le faculta admitir la intervención de un tercero en el proceso cuando no acredita su legitimación activa.