SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1517/2011-R

El abogado de la accionante y de su representado, reiteró los fundamentos emitidos en la demanda de amparo, precisando que si sería cierto que sus defendidos tenían conocimiento de la OM 012/2000, los asesores legales y oficiales mayores de las gestiones 2000 a 2009, no hubieran permitido el pago de los impuestos tributarios municipales anuales hasta el 2007; lo que demuestra que recién asumieron conocimiento el 9 de septiembre de 2009, en circunstancias en que se procedió a avasallar y tomar posesión de su propiedad. Siendo ilógico por otra parte que, hubieran aceptado la suma de Bs3140.-, que no equivalen ni al 50% del precio que cancelaron por el terreno, más otros gastos que realizaron como la solicitud y trámite de adjudicación que hacen el monto de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); por lo que, resultaba -reitera- ilógica la aceptación de una suma menor como indemnización.

Añadió que, su defendida escuchó verbalmente que las autoridades demandadas del año 2000, expropiaron su terreno, exigiendo la exhibición de algún trámite administrativo, sin que conste respuesta alguna, lesionando su derecho a la petición. No siendo posible que el exceso y abuso de poder así como la terquedad de los funcionarios públicos hagan trajinar durante nueve años a una anciana, demandando el pago de una indemnización justa. 

Con el uso de su derecho a la réplica, expresó ser falsa la existencia de un acuerdo entre partes, cuestionando de igual manera la idoneidad del recibo firmado supuestamente por Leandro Fiesta Colque. Señalando que lo único cierto es la intimidación, la coacción a su clienta con machete en mano “que persona no va ha firmar un documento, con presión diciéndole que le van a prender fuego” (sic). No habiendo obtenido respuesta a todos sus pedidos de pago de indemnización justa.