SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0552/2011-R

La accionante refiere que su defendido se encuentra procesado indebidamente por el Juez del Tribunal Tercero de Sentencia, por lo que solicita cese su detención indebida y se restituya el derecho a la libertad de su representado; empero, de la relación de antecedentes y los informes de las autoridades demandadas, se establece que Anastacio Paco Calamani, se encuentra detenido preventivamente en el penal de “San Pedro” desde el 10 de agosto de 2006, por la presunta comisión del delito de secuestro; acusado formalmente el 23 de febrero de 2007; el Auto de apertura de juicio oral se dictó el 14 de octubre de 2008, concluyendo que su detención preventiva obedece a Resolución dictada por autoridad competente, dentro de un proceso penal que le sigue el Ministerio Público, sin que se advierta que sea objeto de procesamiento indebido que vulnere sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

La accionante invoca como derecho vulnerado el debido proceso; empero, cabe precisar, que conforme la uniforme jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto, para tutelar el indicado instituto jurídico, en alguno de sus componentes a través de este medio de defensa, es imprescindible que se presenten de manera concurrente y simultánea dos supuestos; la relación directa entre la lesión al debido proceso con el derecho a la libertad (que sea la causa directa para su restricción) y el absoluto estado de indefensión (que no pudo activar ningún medio de defensa); deben concurrir ambos requisitos, para que se active la protección a través de la presente acción de libertad, siendo intrascendente la existencia de tan solo uno de los supuestos indicados.

En el caso en revisión, no se observa dicha concurrencia, dado que la detención preventiva del representado de la accionante emerge de un debido proceso donde se determinó la imposición de esa medida y durante el cual de manera amplia y activa hizo uso de todos los medios ordinarios de defensa que la Ley Adjetiva Penal prevé. Por los motivos expuestos, corresponde denegar la tutela solicitada ante la inexistencia de procesamiento indebido o ilegal contra el representado de la accionante.

Cabe aclarar, que las lesiones al debido proceso que no se relacionen directamente con la restricción al derecho a la libertad deberán ser impugnadas en las instancias ordinarias y solo ante su persistencia se activará la tutela de la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional.