El presente voto disidente en la forma, en relación a la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, plasma divergencias que se plasman en tres aspectos esenciales:
Fecha: 13-Ago-2012
establece tres reglas jurídicas específicas: “ 1) Que el procesado estuvo ausente desde el inicio del proceso a pesar de que fue citado conforme al CPP; 2) Que el procesado estuvo presente en las anteriores etapas del proceso pero no compareció a la audiencia de juicio oral de manera injustificada; y 3) Que el procesado no acudió a la audiencia de juicio oral y justificó su inasistencia
Asimismo, en relación al art. 344 Bis del CPP, la sentencia objeto del presente voto disidente en la forma, establece tres reglas jurídicas específicas: “ 1) Que el procesado estuvo ausente desde el inicio del proceso a pesar de que fue citado conforme al CPP; 2) Que el procesado estuvo presente en las anteriores etapas del proceso pero no compareció a la audiencia de juicio oral de manera injustificada; y 3) Que el procesado no acudió a la audiencia de juicio oral y justificó su inasistencia” (sic) (resaltado propio).
La sentencia referida, en cuanto al primer supuesto, establece que deberá aplicarse las reglas de la “absoluta indefensión”; para el segundo supuesto, señala que al ser injustificada la inasistencia, “no resulta coherente la suspensión del proceso pues el procesado conoce respecto al desarrollo y lo que se provoca es una dilación indebida que genera la vulneración de los derechos de la víctima e implica evadir la justicia en desmedro también del sistema penal, más aún cuando no existe indefensión” (sic). Asimismo, en cuanto al tercer supuesto establece: “…cuando el procesado no acudió a la audiencia de juicio oral y justificó su inasistencia, pues de juzgarlo estando ausente a pesar de que justificó debidamente su ausencia, resulta atentatorio a las normas constitucionales invocadas, casos en los cuales deberá suspenderse el juicio oral respecto al procesado que por situaciones debidamente justificadas se encuentra imposibilitado de asumir su derecho a la defensa, debiendo comparecer luego en el plazo prudencial otorgado por el tribunal conforme al art. 88 del CPP o hasta que desaparezca el motivo justificante, salvo que luego de dicho plazo el impedimento persista” (sic).
En base al razonamiento antes expuesto, el presente voto disidente en la forma, se funda en una concepción distinta del modelo constitucional imperante y por ende de las pautas y herramientas hermenéuticas a ser utilizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su rol de garante de los Derechos Fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En el marco de lo señalado, la suscrita magistrada, considera que el ejercicio del control normativo de constitucionalidad en relación al art. 36 de la Ley 004 y por conexitud de los arts. 91 bis y 334 bis del CPP, para una plena legitimidad, deben utilizar pautas de interpretación constitucional desarrolladas por la teoría constitucional en armonía con las bases dogmáticas y axiomáticas del modelo constitucional imperante. En ese orden, la primera pauta de interpretación a ser utilizada -en criterio de la suscrita magistrada-, es la interpretación “de y conforme a la Constitución” de los arts. 36 de la Ley 004 y 91 bis y 334 bis del CPP; en ese orden, en el marco de una coherente hermenéutica, debiera en primer lugar y en el contexto del principio de conservación de la norma, verificarse el contenido del tenor literal de las citadas disposiciones con las disposiciones constitucionales denunciadas como vulneradas, para luego aplicar los demás parámetros de interpretación constitucional desarrollados por la teoría constitucional.
En el marco de lo señalado, una de las denuncias plasmadas en la acción de inconstitucionalidad concreta, versa sobre la supuesta inconstitucionalidad de las citadas disposiciones legales de carácter adjetivo con el derecho al debido proceso ocasionando una absoluta indefensión, por no poder el procesado asumir defensa técnica ni material; asimismo, denuncia el accionante que al estar ausente el procesado, se incumplirá con la notificación de acuerdo al 8.2 de la CADH, por lo que el procesado, al no conocer la acusación formulada, se encuentre imposibilitado de asumir su defensa; y finalmente, se señala que por la imposibilidad del procesado de impugnar la sentencia, interrogar a los testigos y presentar los suyos, aspectos que implicarían una vulneración a los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del PIDCP.
- 1. Naturaleza jurídico-procesal del voto disidente en la forma
- a)
- la decisión resultante del cumplimiento de dichos roles, al emerger del Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, constituye un acto procesal de naturaleza colegiada a la cual se le aplicará los efectos de la cosa juzgada en materia constitucional
- toda divergencia que pueda tener génesis en la posición del sistema jurídico, método de derecho aplicable a la problemática o criterios de interpretación y criterios referentes a técnicas de argumentación jurídica, al ser aspectos esenciales para la validez de un fallo, con la finalidad de asegurar la imparcialidad e independencia de los magistrados, esta posición, en base a los postulados del Estado Constitucional, debe constar de manera fundamentada en un acto procesal autónomo y diferente al fallo que se cuestiona, razón por la cual, en estos supuestos, si bien se arriba al mismo resultado interpretativo, empero, al versar la divergencia sobre aspectos referentes a la legitimidad y validez de una decisión emergente del ejercicio del control de constitucionalidad, el razonamiento diferenciado, se enmarca a lo que en teoría constitucional comparada se conoce como el voto disidente en la forma, razonamiento que procesalmente es un acto procesal autónomo y diferente al fallo cuestionado, aspecto que asegura la imparcialidad e independencia de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
- debidamente motivadas, deben ser registradas y publicadas como un acto procesal autónomo, aspecto que tiene génesis directa en el principio de imparcialidad, corolario del ejercicio de la magistratura en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- 1) En la posición del sistema jurídico que la suscrita magistrada asume a la luz del nuevo modelo constitucional; 2) En el método de derecho aplicable a la problemática, aspecto acorde con la concepción del sistema jurídico asumido; y, 3) En criterios o pautas objetivas de interpretación y criterios postulados de teoría de argumentación jurídica acordes con la concepción de la suscrita magistrada en cuanto al régimen constitucional imperante.
- i)
- iii)
- b)
- c)
- d)
- 4. La inconstitucionalidad de la disposición final primera de la Ley 004, por afectar la garantía de irretroactividad de la ley sustantiva, aspecto que sería contrario a los arts. 1, 116.II y 178 de la CPE.
- concluye la sentencia objeto del presente voto disidente en la forma, disciplinando reglas y estableciendo lo siguiente: “Por lo desarrollado líneas supra, la jurisprudencia constitucional nacional y la de los tribunales internacionales en la materia se tiene que: 1. Se aplica la norma penal sustantiva vigente al momento de cometer el acto presuntamente delictivo. 2. Por el principio de seguridad jurídica se encuentra vedada la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa de forma retroactiva en cuyo caso debe aplicarse la ley penal sustantiva vigente a momento de cometer el ilícito de forma ultractiva. 3. Es posible la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva más favorable. 4. Se aplica norma adjetiva vigente (retrospectividad). 5. Cuando el delito de corrupción o vinculado a ella es permanente -aspecto determinado por la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la voluntad del imputado- es aplicable la ley vigente al juzgamiento. Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que la estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el caso Trujillo Oroza”
- considera que la argumentación para la conclusión establecida por el fallo objeto del presente voto disidente en la forma, debe encontrar sustento dogmático en los postulados de la Constitución Axiomática, concepción a partir de la cual debe desarrollarse el nuevo sistema jurídico, el control normativo de constitucionalidad y el método jurídico a ser aplicado por el último y máximo interprete de la Constitución y los Derechos Fundamentales para el test de constitucionalidad de la disposición transitoria primera de la Ley 004.
- 4.1 La Refundación del Estado. La Constitución Axiomática y los valores plurales supremos como parámetros esenciales para el ejercicio del control normativo de constitucionalidad
- pero además, la concepción del pluralismo y la interculturalidad, configuran un diseño de valores plurales rectores destinados a consolidar el vivir bien
- pero además, la concepción del pluralismo y la interculturalidad, configuran un diseño de valores rectores en mérito de los cuales se concibe una Constitución axiomática.
- como una Constitución Axiomática, en mérito de la cual, opera el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, el proceso de irradiación de contenido en las normas infra-constitucionales
- ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a todos los actos infra-constitucionales; además, en virtud al principio de complementariedad que postula la interculturalidad, estos valores supremos irradiados en toda la vida social, se integrarán armoniosamente para solidificar las bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando así una verdadera cohesión y armonía social.
- los cuales, al encontrarse insertos en la parte dogmática de la Constitución, irradiarán de contenido al orden infra-constitucional, para consolidar así el valor esencial y fin primordial del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el “vivir bien”.
- 4.2 Los valores plurales supremos emergentes de la Constitución axiomática como parámetro de ejercicio del control de constitucionalidad
- Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que la estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el caso Trujillo Oroza” (sic).
- al absoluto estado de indefensión,
- establece tres reglas jurídicas específicas: “ 1) Que el procesado estuvo ausente desde el inicio del proceso a pesar de que fue citado conforme al CPP; 2) Que el procesado estuvo presente en las anteriores etapas del proceso pero no compareció a la audiencia de juicio oral de manera injustificada; y 3) Que el procesado no acudió a la audiencia de juicio oral y justificó su inasistencia
- la interpretación de presupuestos procesales de acuerdo al principio de unidad constitucional
- la directriz de preferencia interpretativa,
- considera pertinente aplicar al caso concreto el método histórico o causal-teleológico
- omite utilizar argumentos de interpretación constitucional
- pragmático,
- 6. La supuesta inconstitucionalidad del art. 37 de la Ley 004, que al modificar el art. 90 del CPP prevé que el efecto suspensivo de la declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa de juicios para los rebeldes en procesos por delitos de corrupción o vinculados a él, contrarían el derecho al debido proceso, dejando al procesado en absoluto estado de indefensión
- por simple exclusión
- 8. En cuanto a la supuesta denuncia la inconstitucionalidad del art. 34 de la Ley 004 en cuanto a la descripción del delito de incumplimiento de deberes (art. 154), por vulnerar el principio de legalidad