SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0341/2013-L

Este Tribunal ha entendido lo importante que es el control de convencionalidad, por lo que en esta vía recuperamos la siguiente definición, que es resultado de varias opiniones consultivas y casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El proceso 'es un medio para asegurar en la mayor medida posi­ble, la solución justa de una controversia', a lo cual contribuyen 'el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal'. En este sentido, dichos actos 'sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son 'condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial'. En buena cuenta, el debido proceso supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales'.

Esta aproximación resulta pacífica en la doctrina, y más allá de los diversos énfasis teóricos, resulta claro que estamos frente a un derecho que es, a su vez, un prerrequisito indispensable para la protección de cualquier otro derecho. Constituye un verdadero lí­mite a la regulación del poder estatal en una sociedad democrática, lo cual, en última instancia, apunta a dotar al debido proceso de un verdadero carácter democratizador”.

Respecto al debido proceso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mediante la SC 1877/2010-R, estableció lo que sigue: “El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPEabrg-, señalando que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, de lo que se extrae que estas normas Constitucionales lo que buscan es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos”.

Entendiendo que el proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posi­ble, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. Dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Por lo que, el debido proceso supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, constituyendo un verdadero límite a la regulación del poder estatal en una sociedad democrática, lo cual, en última instancia, apunta a dotar al debido proceso de un verdadero carácter democratizador.