SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1009/2013-L
Fecha: 28-Ago-2013
concedió
La Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 24/2011 de 8 de diciembre, cursante de fs. 615 a 618, concedió la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución 01/11 de 9 de marzo de 2011, debiendo pronunciarse una nueva por la Sala respectiva, de acuerdo a los datos del proceso y al procedimiento, sin responsabilidad por ser excusable; en base a los siguientes fundamentos: i) El art. 252 del CPT señala: “Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifique violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”; ii) El art. 518 del CPC señala: “Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior”; iii) En tal sentido las resoluciones, autos y providencias pronunciadas en ejecución de sentencia, de conformidad a dicho artículo deben ser apeladas en el efecto devolutivo, siendo el recurso de apelación directo, el medio idóneo para impugnar una resolución pronunciada en ejecución de autos; iv) Tomando en cuenta que el proceso ejecutivo social seguido por la accionante contra “SIGLA”, se encontraba en ejecución de sentencia no resultaba compatible dar aplicación a los arts. 215 y 216 del CPC y menos al art. 226 de dicho cuerpo legal, sino que lo que correspondía era la apelación directa, conforme lo establecido por el art. 518 del citado Código, así como las SSCC 756/2005-R y 676/2010-R, no debiendo haberse aplicado el art. 226 del adjetivo civil, que es de aplicación en la etapa previa a la ejecución de la Sentencia; v) Con respecto al principio de inmediatez, la presente acción de amparo fue presentada el 30 de septiembre de 2011, la que fue retirada en principio y posteriormente acumulada a la acción actual presentada el 26 de octubre del mismo año, “no estando dentro de los seis meses que provocaría el principio de inmediatez”; y, vi) Llega a la conclusión de que en la presente acción de amparo es evidente que los derechos y garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa de la parte accionante, fueron vulnerados por los miembros del Tribunal de la Sala Social Tercera.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- “no ha lugar a lo solicitado por no estar establecido dentro de las medidas precautorias establecidas por el art. 156 del Código de Procedimiento Civil
- “Que, conforme a lo establecido por el Art. 226 concordante con el Art. 187 del Cdgo. De Procedimiento Civil, aplicable a la especie por mandato expreso del Art. 252 del Cdgo. Procesal del Trabajo, mismo que establece que la apelación ‘es improcedente en providencias de simple sustanciación’, por lo cual no siendo aplicable el recurso interpuesto en contra de la providencia de Fs. 179 de obrados, SE RECHAZA el recurso interpuesto a Fs. 184 a 188 (…)’”
- “(…) el acto procesal apelado de fs. 179 constituye una simple providencia, por lo que la apelación de fs. 184-188 es rechazada por la juez mediante Auto de fs. 206.
- (…) la jueza compulsada en el proveído de fs. 179, no resolvió una controversia de fondo o un trámite de sustanciación, sino simplemente el pedido de arraigo del representante legal de la entidad demandada dentro de las medidas precautorias (…)”.
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. De la interrupción y reanudación del cómputo del plazo de seis meses para interponer una demanda de acción de amparo constitucional
- Los presupuestos procesales de forma al igual que los considerados de fondo, son ineludibles al momento de la interposición de cualquier acción legal
- cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se encontraba cuando ocasionó la lesión al derecho o garantía; en estos casos, la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las responsabilidades institucionales, más no así las personales,
- III.4. Del recurso de compulsa y su finalidad
- Podemos definir a la compulsa como aquel medio de impugnación de una decisión judicial, que se presenta a la autoridad jerárquica superior, denunciando la forma indebida o ilegal asumida por el Juez a quo que niega la concesión de un recurso: de apelación o casación, o haberse concedido la alzada en un efecto que no corresponde sólo en el efecto devolutivo, debiendo ser en el suspensivo;
- Este recurso tiene una doble finalidad, de un lado, protege a las partes que intervienen en el proceso en su derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado en los casos expresamente previstos por ley; y, de otro, garantiza y asegura la debida observancia de las normas procesales que son de orden público
- una vez declarada legal la compulsa interpuesta en cualquiera de los casos previstos por el art. 283 (negativa indebida del recurso de apelación en el caso de estudio), el superior en grado dispondrá la radicatoria del proceso para los trámites consiguientes;
- Libre apreciación de la prueba
- informadora
- el Juez, en el ámbito laboral, como autoridad investida de la potestad de juzgar y sentenciar, a tiempo de resolver las causas sometidas a su conocimiento debe velar por la primacía de la verdad material sobre el formal, puesto que bajo el régimen de la sana crítica, previsto por el art. 158 del CPT, se encuentra autorizado para formar libremente su decisión, teniendo a su lado, como criterios de interpretación y orientación, no sólo a las normas sustanciales sino también a los principios generales del Derecho Laboral, que fueron diseñados para garantizar el respeto de los derechos y las garantías constitucionales
- III.5.1. Sobre la interposición del recurso de apelación en ejecución de fallos judiciales ejecutoriados en la jurisdicción laboral
- la jurisprudencia de este Tribunal, ha determinado que el recurso idóneo para objetar decisiones en ejecución de sentencia, es la apelación directa
- ,
- III.6. Del derecho al debido proceso
- III.7. El derecho a la defensa y su alcance
- III.8. Análisis del caso concreto
- i)
- III.8.1. Sobre la providencia de 14 de septiembre de 2010, emitida por la Jueza Segunda de Trabajo y Seguridad Social
- Las providencias sólo tenderán, sin sustanciación, al desarrollo del proceso y ordenarán actos de mera ejecución
- por no estar establecido dentro de las medidas precautorias establecidas por el Art. 156 del Código Procedimiento Civil”
- III.8.2. En cuanto a la Resolución 01/11 de 9 de marzo de 2011, que declaró ilegal la compulsa
- CONFIRMAR en parte