SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2016-S3

Sobre el cuarto argumento expuesto por la entidad demandada referido a que en cumplimiento a la Sentencia 618/2013, notificaron al accionante con la Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009 sin que hubiesen agotado los mecanismos de impugnación; de la compulsa de antecedentes se tiene que la misma resulta inidónea puesto que la realización de una “nueva notificación” con la Resolución Sancionatoria de Contrabando señalada no enerva la existencia de Resoluciones firmes -AGIT-RJ 0368/2012 y            AGIT-RJ 0733/2013- emitidas por las autoridades naturales encargadas de resguardar los derechos y las garantías de los administrados, conforme se indicó en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional.

Consecuentemente, al haberse advertido que la autoridad demandada de manera sistemática y reiterada niega injustificadamente el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, a pesar de ser la autoridad encargada de su cumplimiento, corresponde conceder la tutela solicitada en observancia del Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referido al cumplimiento excepcional de las determinaciones asumidas en ese administrativa -en el caso concreto de la AGIT-, al estar demostrado que la autoridad llamada a materializar su cumplimiento incurrió en una manifiesta y reiterada actitud de no cumplir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, habiéndose afectado con dicha omisión el derecho al debido proceso en su vertiente de igualdad, obtener una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como a los derechos a la defensa y a la propiedad.

Finalmente, sobre la existencia de daños y perjuicios; y, las costas vinculados a la negativa de cumplir oportunamente con las determinaciones dispuestas por la AGIT, el accionante tiene expedita la vía contenciosa administrativa para solicitar la cuantificación de los mismos, no pudiendo esta jurisdicción definirlo en virtud a que no cuenta con una etapa probatoria amplia que permita cuantificarla, por lo que debe activar los mecanismos previstos por ley.