Los suscritos Magistrados, expresan su voto disidente con la DCP 0088/2016 de 26 de julio; en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

De lo descrito, bajo una interpretación sistemática de la Constitución, puede concluirse que cuando la norma fundamental se refiere a la transferencia y delegación de competencias, se refiere a la transferencia de la titularidad de la facultad reglamentaria y ejecutiva, quedando por entendido que la facultad legislativa queda al margen del alcance de la transferencia o delegación competencial, por lo mismo, en las competencias exclusivas, la facultad legislativa queda siempre bajo la titularidad del nivel de gobierno que corresponda y que fue asignado por la Constitución al determinar las competencias exclusivas del nivel central, así como de las competencias exclusivas que corresponden a cada una de las entidades territoriales autónomas” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).

De acuerdo con el entendimiento jurisprudencial anotado, el gobierno autónomo receptor de una transferencia o delegación debe reglamentar y ejecutar aquella competencia, más no podrá emitir una legislación como ahora se pretende, puesto que aquella facultad corresponderá a otro nivel de gobierno; por ello debió declararse incompatible los términos: “…y II…”, ordenándose al estatuyente que reformule adecuadamente el texto del parágrafo con la exclusión apuntada.