SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0930/2017-S3

Dentro del proceso de nulidad de escrituras públicas seguido por Ángela Juliana y Gabriela Irene Fernández Rojas; e, Irene Ivi Rojas Vda. de Fernández -ahora terceras interesadas- contra sus personas y otros, demandando la nulidad del Poder Notarial 45/88 de 25 de enero de 1988, de los Testimonios 502/88 de 10 de agosto de ese año y 633/92 de 28 de agosto de 1992 y del Poder Especial 195/92 de la última fecha citada, así como la cancelación de las Partidas 01010637 de 4 de noviembre de 1988 y 01251822 de 16 de mayo de 1994, señalando que Lucía Elizabeth, Ángel Alejandro y Juan Pablo Fernández Tórrez otorgaron el Poder Notarial 45/88 a favor de la accionante María Julia Carballo Fernández, pero que el mismo no tendría facultades para transferir ningún bien inmueble y que habría sido alterado y falsificado, además que no estaría visado por la Cancillería, alegando en consecuencia nulidad por causa y motivo ilícito.  

Tramitada la causa en el entonces Juzgado de Partido -ahora Público- Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de La Paz, donde de forma arbitraria Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Jueza titular del mismo -hoy codemandada- emitió la Sentencia 310/2013 de 23 de diciembre, declarando probada en parte la demanda y disponiendo la nulidad de los Testimonios 502/88 y 633/92 y la cancelación de las Partidas 01010637 y 01251822 e improbada la demanda respecto a la solicitud de nulidad de los Poderes Notariales 45/88 y 195/92. Una vez que ese fallo fue objeto de apelación por sus personas, se emitió el Auto de Vista 164/2015 de 6 de mayo, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera del respectivo Tribunal Departamental de Justicia -ahora codemandados-, quienes confirmaron la Sentencia apelada; por cuanto, se interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma que mereció el Auto Supremo (AS) 1160/2016 de 7 de octubre, dictada por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados- declarándolo infundado, sin analizar la prueba cursante en obrados ni fundamentar el por qué existiría la causa o motivo ilícito en el caso de autos y principalmente sin considerar que se lesionó su derecho a la defensa al cambiarse de forma arbitraria los hechos que sirvieron de base en la demanda.