Sentencia Constitucional Plurinacional 0055/2019-S1 de 3 de abril

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos del derecho a la defensa, fundamentación, motivación y congruencia, así como al principio de predictibilidad; en razón a que, las autoridades demandadas emitieron la Sentencia Agroambiental Nacional S1^a 59/2017 de 13 de junio, declarando improbada su demanda contenciosa administrativa: a) Sin realizar un control judicial de sus agravios, ni de sus derechos vulnerados, omitiendo su labor correctiva al no pronunciarse puntualmente sobre sus pretensiones; b) Sin ninguna fundamentación ni motivación, limitándose a transcribir y enumerar los actos recolectados sin realizar un análisis objetivo y razonado de la prueba existente en el proceso de saneamiento y sobre todo de los actos cuestionados en la citada Resolución Administrativa; c) Incorporaron elementos no peticionados y no discutidos en la causa, ya que el objeto de la demanda contencioso administrativa se centra en la revisión de actos procesales y no en la verificación de derechos sustantivos de propiedad -incongruencia aditiva-; y, al no considerar sus pretensiones de fondo como fue el control de legalidad y verificación del exceso de poder demostrada en la Resolución Suprema (RS) 17547 de 24 de diciembre de 2015, ya que no la analizaron ni argumentaron sus razones para declarar improbada su demandada contencioso administrativa incurrieron en incongruencia omisiva; y,        d) Asimismo, ante la existencia de posibilidad de fraude sobre el cumplimiento de la Función Económica Social (FES), se negaron a realizar la verificación de campo establecida en el art. 160 del DS 29215 y al contrario verificaron desde gabinete dicha situación, lo cual es inviable, vulnerando su derecho a la igualdad en la aplicación de procedimientos y también el principio de “predictibilidad”.