Sentencia Constitucional Plurinacional 0055/2019-S1 de 3 de abril
Fecha: 03-Abr-2019
REVOCAR
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la SCP 0055/2019-S1 de 3 de abril, que resolvió REVOCAR la Resolución 4/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 569 a 573 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Disiente en cuanto a los Fundamentos Jurídicos en función a los cuales la Resolución aludida, revoca y deniega la tutela, por cuanto realiza un examen general respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia denunciado por el accionante; por lo que, emite el presente Voto Disidente bajo los siguientes argumentos jurídico constitucionales.
Expuesta la problemática, la SCP 0055/2019-S1 de 3 de abril, resolvió REVOCAR la Resolución 4/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 569 a 573 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos expuestos en dicho fallo constitucional.
La SCP 0055/2019-S1 de 3 de abril, objeto de esta disidencia, en su Fundamento Jurídico III.5, efectuó un análisis general de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 59/2017 cuestionada a través de la acción de amparo constitucional, abordando de igual forma la verificación del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, sin realizar la identificación de cada uno de los puntos de cuestionamiento expresados en la demanda contenciosa administrativa concluyendo simplemente que se habría otorgado respuesta a los reclamos deducidos; asimismo, en el análisis sobre la falta de fundamentación y motivación concluyeron que la referida Sentencia contiene suficiente fundamentación y motivación; conclusiones que la suscrita no comparte, puesto que entre los cuestionamientos expuestos por el accionante en la demanda contenciosa administrativa éste reclamó la errónea aplicación del art. 266 del DS 29215, que reconoce que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debe aplicar estándares de calidad a los actos ya cumplidos, más aun si se determinó fraude en la ejecución del proceso de saneamiento, reclamando a este efecto que si la nulidad de obrados alcanzó hasta la segunda etapa como fue la Evaluación Técnica Jurídica, la primera etapa que se constituye de relevamiento de información en gabinete y campo, a criterio del accionante se constituirían como actos ya cumplidos motivo por el cual se debió emplear el control de calidad realizando el control en gabinete y campo; sin embargo, las autoridades demandadas con argumentos contradictorios y confusos en relación a las respuestas otorgadas sobre los otros puntos de cuestionamiento, simplemente se limitaron a señalar que el impetrante de tutela no desvirtuó el Informe de Conclusiones referidas a las pericias de campo ejecutadas anteriormente, que determinó que su predio no cumple con la función social, alegación que definitivamente no es sustento que haga a una resolución debidamente motivada.
Asimismo, en relación a otro punto de cuestionamiento expresado por el peticionante de tutela, referida a la inobservancia de la normativa vigente al momento de las pericias de campo -art. 237 del DS 25763, que se aplicó en el trámite de saneamiento de su terreno, y 165.I inc. a) del DS 29215 aplicable actualmente-, explicando que ambas normas no establecerían porcentajes mínimos o máximos para reconocer la actividad ganadera; a ese efecto, y considerando la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos II.1 y II.2 de la presente disidencia, se tiene que en el análisis del caso concreto las respuestas otorgadas por las autoridades demandadas al resolver los referidos puntos de cuestionamiento, hace evidente que la Sentencia Agroambiental Nacional cuestionada no cumple con los parámetros del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia.
En consecuencia la suscrita Magistrada, no comparte el análisis efectuado en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional objeto de esta Disidencia, ya que al efectuar un análisis general de la Sentencia Agroambiental cuestionada no pudo efectuar la contrastación necesaria para la verificación constitucional y de ese modo poder determinar si el referido fallo cumple o no los parámetros del debido proceso. En ese marco, ante la problemática planteada, la Resolución objeto de esta Disidencia, debió resolver la supuesta vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de la siguiente forma:
- REVOCAR
- a)
- A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda
- “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución.
- II.2. De la fundamentación, motivación de las resoluciones judiciales como elementos de debido proceso
- “En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación no significa la mera ‘…exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas‟
- Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho
- “La obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales, abarca también a las instancias judiciales de impugnación,
- Sobre la falta de pronunciamiento de las pretensiones de la demanda contenciosa administrativa
- Sobre la falta de análisis de toda la prueba existente en el proceso de saneamiento y sobre todo de los actos cuestionados de la Resolución Administrativa RA-DN UCSS 007/2010
- Sobre la incongruencia aditiva en la que hubiera incurrido en la Resolución Suprema 17547 y sobre lo cual el
- Sobre la falta de análisis de la Resolución Administrativa RA-DN UCSS 007/2010 utilizada en la Resolución Suprema 17547
- Sobre la falta de pronunciamiento respecto a lo manifestado en cuanto a la aplicación del art. 160 del DS 29215
- 1)
- primer punto de la problemática
- primer cuestionamiento
- Sobre este reclamo
- segundo cuestionamiento
- este reclamo
- tercer cuestionamiento
- este tercer reclamo
- cuarto cuestionamiento
- quinto cuestionamiento
- cuarto y quinto reclamo
- sexto cuestionamiento
- séptimo cuestionamiento
- octavo cuestionamiento,
- noveno cuestionamiento
- segunda problemática
- el primer reclamo
- segundo reclamo
- tercer reclamo
- las Magistradas demandadas sostuvieron
- incongruencia aditiva
- incongruencia omisiva
- cuarta problemática
- CONFIRMAR