SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2019-S4

En este marco, conforme dispone el art. 263 del referido DS 29215, el saneamiento de la propiedad agraria, se sujeta a un procedimiento común que se compone de tres etapas: 1) Preparatoria; 2) De Campo; y, 3) De Resolución y Titulación, mismas que se hallan descritas del art. 291 al 305 del mismo cuerpo normativo, cuyo contenido, por ser pertinente al caso objeto de análisis, será transcrito infra.

En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: “…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad”^[1].