SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2019-S4

De conformidad a lo previsto por el art. 64 de la Ley 1715, el saneamiento de tierras es el procedimiento técnico jurídico transitorio, destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte; consecuentemente, el saneamiento se configura como un procedimiento de carácter excepcional que tiene como finalidad la solución de los problemas vinculados a la tenencia de la tierra, así como la determinación del derecho de propiedad sobre la misma.

En este contexto, la Ley 1715, modificada por Ley 3545, tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria; compilado normativo que se halla reglamentado por el DS 29215, aplicable a los procedimientos agrarios administrativos y que tiene como uno de sus objetivos, efectivizar la ejecución expedita de los procedimientos de saneamiento, reversión, expropiación y distribución de tierras, en resguardo de los derechos constitucionales, la plena participación de las personas interesadas y el ejercicio del control social, garantizando el manejo confiable y responsable del régimen agrario que permita superar actos de injusticia social, corrupción y clientelismo en la administración del derecho agrario, comprometiendo un rol institucional con capacidad estratégica y operativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de otras instituciones relacionadas con la materia agraria [art. 4 b) y c)], debiendo sujetarse todas las actividades, en cualquiera de los procedimientos agrarios, a las normas técnicas catastrales emitidas por el INRA.