SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0600/2019-S3

Asimismo, es la jurisprudencia constitucional la que nos ilustra respecto a qué debe considerarse como acto consentido a los fines de la denegatoria de tutela, a través de la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, que determinó las siguientes sub reglas: “a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos” (el resaltado es nuestro).