SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0799/2019-S1
Fecha: 04-Sep-2019
Cuarto:
Cuarto: Se reclamó de manera insistente que la decisión de declarar como no responsable a la Fiscal de Materia procesada por considerar que hubiera justificado la inactividad investigativa que superaba los noventa días, constituye una negación del contenido de la falta disciplinaria denunciada; toda vez que, no existe justificativo alguno porque son dos periodos de inactividad, pues no es una situación aislada sino reiterativa y constante que denota dejadez y desinterés en la investigación TAR1503910 por parte de la ex Fiscal de Materia procesada –ahora tercera interesada– resultando contradictorio que se la exonere con el pretexto que tenía mucho trabajo cuando en realidad la procesada afirmó no haber realizado actos de investigación porque no quiso, extremos que tampoco fueron valorados a tiempo de emitir la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 y que constituyen una flagrante vulneración al principio de legalidad. Reclamo que tampoco mereció respuesta en la Resolución Jerárquica ahora cuestionada bajo el pretexto de una impertinencia que no existe.
Cuarto: La Resolución impugnada vulnera el principio de legalidad y es contrario a otros fallos pronunciados de manera uniforme sobre la misma problemática; por cuanto en la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 014/2018 que dispuso declarar responsable a la procesada por las faltas contenidas en el “art. 121 numeral 20” (sic) de la LOMP, se tiene que, los alegatos expuestos para tratar de justificar la inactividad no alcanzaban para desvirtuar la falta disciplinaria muy grave por la que se la procesó, referida a la inactividad injustificada por más de treinta días; consiguientemente, asumir un entendimiento contrario en la segunda Resolución pronunciada por la misma autoridad sumariante, constituye una negación del contenido de la referida falta disciplinaria; por cuanto, la emisión de Resoluciones por toda una Fiscalía Corporativa no puede justificar la inactividad investigativa de uno de ellos sin que se haya demostrado que todas esas causas le fueron asignadas; máxime, si en el caso en examen se trata de dos periodos de inactividad, lo que significa que es un hecho reiterativo y constante que denota dejadez y desinterés de la procesada en la investigación del caso TAR 1503910 quien en el recurso jerárquico de 5 de junio de 2018, señaló que la referida inactividad no fue por falta de tiempo, sino porque no lo consideraba necesario “…jugar a la panfletería sin son ni ton de que requieran por requerir…” (sic).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Primero
- Segundo:
- aseveración que resulta insuficiente
- Tercero:
- Cuarto:
- Quinto:
- Sexto:
- Séptimo
- incurriendo de este modo en una falta de fundamentación
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero,
- El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”
- uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa;
- principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
- toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma
- III.3. Análisis del caso concreto
- III.3.1. En cuanto a la presunta falta de congruencia en la Resolución
- Fragmento 28
- segundo punto de agravio
- quinto punto de agravio
- sexto punto de agravio
- séptimo punto de agravio
- Fragmento 33
- primer y segundo punto de agravio
- sexto punto
- 2°