SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0843/2020-S1

Razón por la cual, en virtud a los principios pro-hómine, que instituye que se debe aplicar la interpretación más amplia y extensiva cuando se reconozcan los derechos fundamentales, así como del pro-actione que establece que debe prevalecer la justicia material sobre los excesivos ritualismos y formalidades, resulta pertinente modular el razonamiento asumido en la 0452/2007-R de 6 de junio, con relación al momento hasta el cual resulta procedente formular el incidente sobre la calidad de bienes y solicitar la devolución del mismo, debiéndose asumir el razonamiento efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia respecto a que: ‘Sí en la etapa de los incidentes no se hubiere opuesto la solicitud de devolución de los bienes incautados, dicho petitorio procede en ejecución de sentencia ante el órgano que conoció la causa y pronunció el fallo correspondiente, conforme a los artículos 44, 52, 53 y 54 inciso 7) del Código de Procedimiento Penal, que determina que el Juez o Tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas’ (sic), mismo que se encuentra acorde con el razonamiento desarrollado supra y evita que se genere un desequilibrio entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional” (las negrillas corresponden al texto original).

De lo desarrollado precedentemente se tiene que, este razonamiento extensivo, no solo amplia dicha facultad del Juez o Tribunal que emitió el fallo, a efectos de resolver el incidente de calidad de bienes cuando este no hubiera sido devuelto anteriormente en virtud a un incidente planteado ante el juez cautelar; si no también, alcanza a la resolución de la situación legal del bien cuando la Sentencia no se hubiere pronunciado sobre el mismo, siendo también el Juez o Tribunal que emitió la sentencia quien debe pronunciarse al respecto, claro está bajo una resolución debidamente fundamentada y motivada que considere, los antecedentes del caso, los presupuestos legales de procedencia del incidente o solicitud, en resguardo del debido proceso.