Auto Supremo AS/0606/2017

Ahora bien, con relación a la deficiente valoración probatoria de hecho y de derecho sobre la imputación formal que fue adjuntada por sus personas, es menester señalar que el Tribunal de Alzada respecto a este medio probatorio en el numeral 2.1. del acápite “Fundamentos de la resolución–De la valoración o apreciación de la prueba”, señalaron que el Juez ordinario en materia civil no tiene competencia alguna para calificar el comportamiento de las partes y adecuarlos a un tipo penal como es la estafa, usura, anatocismo, extorsión o apropiación de bienes, y que la imputación formal es solo un acto procesal inicial sobre el que podrá versar el proceso penal; criterio que es compartido por este Tribunal Supremo de Justicia, en razón a que la imputación formal que fue adjuntada por la parte actora, no puede ser considerada como prueba plena para determinar la ineficacia del préstamo de dinero, ya que dicha resolución es dictada en una etapa preparatoria investigativa penal cuando existen “indicios” sobre la existencia de algún hecho acusado y la participación del imputado, de ahí que dicha prueba no puede ser considerada en materia civil más que como un indicio o presunción, que debe necesariamente ser respaldado con prueba idónea y plena que acredite que el contrato de préstamo de dinero que es objeto de la litis en esta materia, sea ineficaz porque al momento de la suscripción existió entre otros vicios el motivo ilícito, es decir que los recurrentes durante la tramitación del presente proceso debieron acreditar que el motivo o razón que dio lugar a la suscripción del contrato de préstamo de dinero inmerso en la Escritura Pública Nº 396/2005 (fs. 1-2) fue celebrado con la concurrencia de un motivo ilícito, en otras palabras, y conforme a los fundamentos expuestos en el punto III.4 de la doctrina aplicable al caso de Autos, lo que debió ser acreditado por los recurrentes es que la razón que generó la voluntad de ambos contratantes fue contrario al orden público y a las buenas costumbres, empero como correctamente lo determinó el Juez de la causa en la Sentencia de primera instancia que fue confirmada por el Tribunal de Apelación, en el caso de autos no existió motivo o hecho ilícito que haya impulsado a las partes a suscribir el contrato de préstamo de dinero, pues para la acreedora el motivo que le impulsó a prestar dinero fue el de percibir utilidades que en este caso son los intereses por el monto prestado, y en el caso de los deudores el motivo causa fue el de recibir el dinero para cubrir todas las deudas que señalaron en su memorial de demanda; resultando en consecuencia los móviles que dieron origen a la suscripción del contrato, totalmente lícitos, máxime cuando el contrato de préstamo de dinero se encuentra plenamente reconocido en los arts. 291-294 y 879 del Sustantivo Civil. Por lo tanto la imputación formal al no acreditar de manera fehaciente que el motivo que originó la suscripción del contrato sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, por ser únicamente una resolución que contiene indicios sobre ciertos ilícitos que hubiese cometido la demandada y su esposo, cuya actitud evidentemente si bien constituye sanciones, pero no implica que aun así exista Sentencia ejecutoriada en materia penal, el contrato deba ser declarado nulo, ya que la finalidad del proceso penal es diferente a la finalidad que persigue una demanda civil de nulidad de contrato, no resultando evidente la vulneración del art. 1320 del Código Civil (presunción judicial) y art. 180.I de la CPE, ya que en obrados no cursa prueba alguna que acredite el motivo ilícito que originó la suscripción del contrato