AMPARO DIRECTO 645/2012. 15 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIA: RUBÍ AGUILAR LASSERRE.

Una interpretación literal estricta de dichas porciones jurídicas, conduciría a considerar que el juicio de amparo promovido por una persona moral, por no tratarse de un ser humano, resulta improcedente pues al carecer de la naturaleza humana podría no ser titular de derechos humanos; luego, si la finalidad de dicho juicio es la protección de los derechos humanos que la Constitución reconoce, bajo dicha interpretación, una persona jurídica no estaría legitimada para acudir al juicio de amparo.

Sin embargo, bajo la apreciación de este órgano colegiado, una interpretación de tal orden, resulta contraria a los principios evolutivos consagrados sistemáticamente en nuestra propia Constitución, y se alejaría de la teleología de la reforma constitucional de junio de dos mil once e. incluso, de la jurisprudencia internacional al respecto.

Lo anterior es así, pues con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, se amplió el objeto de protección que brinda nuestra Constitución, ya que se establecieron como derechos mínimos de los que deben gozar las personas que se encuentren en nuestro territorio nacional y que, por tanto el Estado en su conjunto debe garantizar a los derechos humanos que el propio texto constitucional reconoce, así como los establecidos en los tratados internacionales de los que nuestra nación es parte.

Así, el Poder Reformador decidió extender el marco de protección que brindaba nuestra Constitución, pues el texto anterior del artículo 1o. constitucional establecía como objeto de tutela de la Norma Fundamental únicamente a "las garantías" que otorgaba la propia Constitución.

Ahora, el nuevo diseño constitucional, al ampliar su objeto de tutela, hace explícita la existencia de garantías que tutelan su protección, las que de la misma forma se encuentran bajo el cobijo del entramado constitucional.

El juicio de amparo, dentro del nuevo diseño constitucional mexicano, se erige como la vía jurisdiccional con que cuentan los gobernados para acudir ante los tribunales federales, a fin de que, en sede nacional, una instancia judicial analice si con la expedición de una norma de carácter general, o un acto u omisión de la autoridad, se vulneran los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución o las garantías en ella consagradas para su protección, así como los reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte.