SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0012/2006-R

III.2.5.En cuanto a los corecurridos vocales de la Sala Penal y Administrativa  de Pando, se tiene que, una vez dictada la detención preventiva por el Tribunal de Sentencia, la misma es apelada por el representado de la parte recurrente, mereciendo la Resolución de 9 de agosto de 2005, por la cual los vocales recurridos, en lugar de disponer que el Tribunal de Sentencia Primero corrija los defectos de su resolución,  confirmaron el Auto pronunciado por el Tribunal inferior, con el argumento que el Ministerio Público y principalmente los jueces del Tribunal de Sentencia, al revocar las medidas sustitutivas del representado del actora y disponer su detención preventiva, interpretaron y aplicaron correctamente el espíritu del art. 234.6 del CPP, con el pleno convencimiento de que el sentenciado con una pena grave, de continuar gozando de medidas sustitutivas, se daría a la fuga; precisando que si bien era cierto que el imputado cumplió de manera normal con las condicionantes de las medidas sustitutivas impuestas durante la sustanciación del proceso, fue porque su situación jurídica se encontraba pendiente de resolución, lo que implica que ante la inexistencia de sentencia condenatoria, lógicamente tampoco existía el peligro de fuga; inversamente, una sentencia condenatoria especialmente grave -como en el presente caso-, constituye peligro de fuga. En consecuencia, los vocales recurridos, al no corregir los defectos procesales anotados en la parte in fine del Fj. III.2.4. lesionaron la garantía del debido proceso, por lo que corresponde declarar la procedencia del recurso también respecto a esas autoridades judiciales.