SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0838/2006-R

Concluida la audiencia, el Tribunal del recurso dictó Resolución concediendo el amparo solicitado, ordenando la afiliación de Willy Marcelo Claros Pinilla como beneficiario de su esposa Sandra Lizeth Jiménez Terrazas a la Caja de Salud de la Banca Privada, con los siguientes fundamentos: 1) Conforme al art. 14 del CSS, en caso de enfermedad reconocida por los servicios médicos de la Caja, el asegurado y los beneficiarios tienen derecho a las prestaciones en especie que dichos servicios consideren indispensables para la curación, señalando en sus diferentes incisos quienes son beneficiarios y las condiciones para ello. Ahora bien, la SC 0062/2003, de 3 de julio ha declarado inconstitucional la frase contenida en el art. 14  incs. a) y c) del CSS, “inválido reconocido por los Servicios médicos de la caja” quedando ambos incisos con el siguiente texto: a) la esposa o conviviente inscrita en los registros de la caja o el esposo; b) el padre y madre siempre que no dispongan de rentas personales para su subsistencia; todo ello en mérito al principio de igualdad consagrado en el art. 6.I de la CPE, por cuanto la Constitución Política del Estado otorga un sistema de protección estatal del derecho a la libertad del cual se desprende la igualdad de todas las personas sean éstas hombres o mujeres, eliminando discriminaciones arbitrarias como la señalada en el art. 14 inc. a) del CSS, que establecía un trato preferencial respecto a la mujer al exigirle sólo su inscripción en los registros del ente gestor, mientras que al esposo le exigía su declaración de invalidez, sin que exista ninguna justificación legal para ello, ya que la finalidad de esa norma legal es la protección de la salud y la vida del cónyuge beneficiario y para ello sea hombre o mujer debe exigírseles los mismos requisitos para que aquéllos sean atendidos, lo contrario significaría discriminación en razón del sexo, al margen de desconocer la igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges; 2) dentro de ese marco, se ha evidenciado que los recurridos vulneraron los derechos fundamentales antes descritos y reconocidos por la Constitución Política del Estado que tiene primacía ante cualquier otra norma existente en Bolivia, razones por las que corresponde otorgar el amparo solicitado.