SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0102/2007-R
Fecha: 05-Mar-2007
II.4.
II.4. El 28 de enero de 2006, adjuntando título de propiedad, Lidia Ruiz Quispe, ahora recurrente -hija del condenado-, se apersonó ante el Juez recurrido solicitando la suspensión de todo tipo de diligencias, alegando que se pretende desapoderarla de su bien inmueble y que el mandamiento no dispone o autoriza orden de allanamiento ni establece que se realice en la propiedad 3079, sino en la correspondiente al 3790, que pertenecería a Francisco Chambi Yana, a quien desconoce y que en su título de propiedad no existe embargo alguno que dé merito a un desapoderamiento, y que jamás fue notificada con ninguna orden de desapoderamiento, menos tiene relación con el proceso de autos. En el otrosí segundo del memorial interpuso tercería de dominio excluyente, solicitando se corra traslado (fs. 83 a 84 y vta.). La autoridad judicial recurrida mediante decreto de igual fecha, ordenó el traslado al correcurrido Francisco Chambi Yana y al condenado Eusebio Ruiz Apaza (fs. 85 vta.).
- recurso
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- Fragmento 3
- Fragmento 4
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- a)
- i)
- 1)
- improcedente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.11.
- III.1. La necesaria notificación con la orden de desapoderamiento a terceros ocupantes o poseedores del bien
- Fragmento 21
- 1) La restitución de los bienes del ofendido, que le serán entregados aunque sea por un tercer poseedor;
- ello no impide a que terceros ajenos al proceso penal, en su calidad de ocupantes o poseedores del bien inmueble a ser desapoderado, no sean debidamente notificados con la determinación que dispone el desapoderamiento
- Fragmento 24
- III.3. El amparo constitucional no define derechos ni tutela derechos controvertidos
- De donde resulta que el recurso extraordinario de amparo constitucional no es una instancia procesal o una vía judicial ordinaria de carácter contencioso, para establecer derechos o responsabilidades o definir derechos u obligaciones de las partes involucradas en una controversia
- Fragmento 27
- III.5. Sobre la tramitación de esta acción cautelar