SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0021/2007

A su vez el art. 40 del señalado Decreto, dispone que: “Para cumplir el procedimiento de aclaración del informe de auditoría, el servidor público autorizado entregará copia de dicho informe o de la parte de éste que fuere pertinente, debidamente firmada a cada una de las personas involucradas. Si no fuere posible encontrarlas, la respectiva unidad de auditoría las invitará por aviso de prensa en un diario de circulación nacional a fin de que puedan recibir la copia mencionada. Las personas involucradas tendrán un plazo de 10 días hábiles, o más a criterio debidamente justificado del jefe de la entidad pública, según sea el caso y bajo su responsabilidad, para considerar el informe, solicitar por escrito una reunión de explicación sobre asuntos específicos y presentar sus aclaraciones y justificativos con la documentación sustentatoria, los cuales se anexarán al informe. Concluido Dicho plazo, en base a los resultados de este procedimiento los auditores elaborarán un informe complementario en el cual se ratificará modificará el informe original”.

“La máxima autoridad colegiada, si la hubiere, o el máximo ejecutivo de cada entidad pública enviará a la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción, sus comentarios sobre cada informe de auditoría interna o externa que reciba” (art. 41 del DS 23215).

El art. 48 del señalado Decreto, prevé que la Contraloría General de la República contará con los servicios legales requeridos para el ejercicio del control gubernamental; entre otros: a) De análisis legal para auditoria, b) análisis de responsabilidad de los servidores públicos y de otras personas que tengan relación contractual con el Estado, en base a los resultados de auditoría presentados en los informes; c) De elaboración de proyectos de dictamen de responsabilidad para consideración del Contralor General, e)  De seguimiento de los dictámenes y de asesoramiento legal.

De lo precedentemente señalado se advierte que los informes de auditoría son la base para la determinación de los indicios de responsabilidad, civil, penal, administrativa y ejecutiva y que dan lugar a la emisión del dictamen de responsabilidad administrativa, ejecutiva o civil, los que a su vez darán inicio a los diversos procesos administrativo, civil y ejecutivo, según sea el caso. La normativa legal, también establece que, el dictamen del Contralor General de la República y los informes y documentos que lo sustentan, constituyen prueba preconstituida para la acción administrativa, ejecutiva y civil a que hubiere lugar (art. 43 inc. a) de la LACG), prueba de ello es que, según advierte el art. 17 del DS 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, si en la evaluación de los informes de auditoría interna o externa se advirtieran contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo por parte de los servidores o ex servidores públicos, el Contralor General de la República podrá emitir dictamen de responsabilidad administrativa, dictamen que será remitido a conocimiento del ejecutivo superior de la entidad respectiva, para que se inicie el proceso interno en sus dos etapas sumarial y de impugnación. Del mismo modo, de conformidad con el art. 51 del DS 23318-A, referido a la responsabilidad civil, el dictamen de responsabilidad civil tiene el valor de prueba preconstituida y contendrá la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables. La responsabilidad ejecutiva es determinada por el Contralor General de la República a través del dictamen respectivo, previo el procedimiento establecido en los arts. 34 y siguientes del DS 23318-A.

En el caso de la responsabilidad penal, el tratamiento es diferente, puesto que por previsión del art. 60 y siguientes del DS 23318-A, los servidores públicos u otros profesionales contratados que identifiquen indicios de haberse cometido un delito, o en su caso, ante la existencia de un informe de auditoría sobre indicios de responsabilidad penal, según se colige de los arts. 39 y 40 del DS 23215, elaborarán, con la diligencia y reserva debida, un informe haciendo conocer este extremo a la unidad legal pertinente. El informe contendrá una relación de los actos u omisiones, acompañando las pruebas o señalando donde puedan ser encontradas a objeto de que en forma directa la autoridad competente denuncie de inmediato los hechos sobre la base del informe legal ante el Ministerio Público o si fuere el caso presentará la querella respectiva (art. 62 DS 23318-A).