SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1579/2010-R

La motivación de las resoluciones forma parte de la garantía del debido proceso, prevista en el art. 115.II y 117.I de la CPE, y en tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido uniforme en señalar que: “…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…” (SC 0248/2007-R de 10 de abril).

Así la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, recogiendo el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre, señaló que toda Resolución “…debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho [debido proceso] que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Siguiendo el mismo entendimiento, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, ha determinado que cuando las resoluciones no están motivadas “…y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada (...)”.

Esta exigencia es mayor, tratándose de las Resoluciones sobre extinción de la acción penal, pues en estos casos los jueces y tribunales deben hacer una evaluación integral de las causas de la dilación del proceso, analizando tanto el comportamiento del imputado como la actuación del órgano judicial y del Ministerio Público, para finalmente llegar a una conclusión sobre si procede     la extinción de la acción penal; consiguientemente, en estos casos es indispensable que se fundamente adecuadamente la Resolución, pues, de lo contrario, al no haberse realizado el análisis exhaustivo de todos los antecedentes dentro del proceso, la Resolución no resulta razonable.

De la jurisprudencia glosada, se concluye que, como la solicitud de extinción debe fundamentarse en que la mora procesal no fue atribuible al imputado, pero que si lo fue al Órgano Judicial y/o al Ministerio Público; la resolución que resuelva este planteamiento necesariamente deberá analizar el comportamiento de aquéllos y sobre parámetros objetivos  adoptar la determinación que acorde a derecho corresponda, debiendo considerarse que en el caso de los procesos escriturados, regidos por el Código de Procedimiento Penal de 1972, precisamente por esa su naturaleza, deberán ser verificables en el expediente del proceso correspondiente; sin embargo, tal comprobación no implica que en la Resolución respectiva se pueda sustituir la valoración y compulsa de aquellos por su simple mención, pues tal aspecto no solo implica la supresión de una parte esencial de la Resolución, sino que también priva a las partes de conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o sea de conocer las razones de la decisión.