SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2732/2010-R

El recurrente solicita tutela de sus derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a la petición, a recurrir y del principio de congruencia, puesto que dentro del proceso penal iniciado por su parte en contra de Imer Rojas Bollati y René Barba Guasde, por el delito de violación de correspondencia y papeles privados, el Fiscal de Materia recurrido, no cumplió con su obligación de efectuar la imputación formal en el momento inicial de la etapa preparatoria dejando transcurrir más de cinco meses, siendo que habían suficientes indicios respecto a la existencia del hecho y la participación de los imputados; por su parte, el Juez recurrido se rehusó a cumplir con su deber de ordenar a los fiscales de materia a presentar la imputación formal en lo procesos en los que no se lo hubiera hecho en un plazo razonable, resolviendo sus reclamos a través de simples providencias, impidiéndole a recurrir de las mismas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.