SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2732/2010-R

Los jueces cautelares tienen la obligación de controlar que la etapa preparatoria se lleve adelante conforme mandan las normas procesales penales y el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes; en consecuencia, como encargados del control de la investigación están en la obligación de conocer las denuncias sobre presuntas actuaciones indebidas o ilegales tanto de las autoridades fiscales como de los funcionarios policiales encargados de la investigación, en cumplimiento de sus funciones como parte del ejercicio del ius puniendi del Estado. En ese sentido “…Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP…” (SC 0054/2010-R de 27 de abril).

En cuanto al plazo para la presentación de imputación formal, la jurisprudencia constitucional en la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, refirió: “…Si bien el Código de Procedimiento Penal no establece de manera explícita el plazo en que la imputación formal debe ser presentada por el fiscal; del contenido del art. 300, 301 y 302 CPP, se entiende que la misma debe emitirse a la conclusión de los actos iniciales de investigación, cuando, obviamente, existan indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado; sin embargo, del contenido del art. 301.2 CPP, en el que se concede al Fiscal la facultad de ´Ordenar la complementación de la diligencias policiales, fijando un plazo para el efecto´, se extrae que, en el sentido de la ley, al fiscal no le es exigible presentar la misma en la generalidad de los casos en el momento señalado; sino sólo en aquellos supuestos en los que existen indicios suficientes”.

Añade la referida Sentencia: “Esto no significa, sin embargo, que el fiscal carezca en absoluto de plazo para presentar la imputación formal; pues, tal entendimiento no guardaría sujeción al mandato constitucional de celeridad procesal consagrado por el art. 116.X CPE, de lo que se extrae que el fiscal está impelido a presentar la imputación formal en un plazo que debe ser fijado por el juez, atendiendo la complejidad del asunto, en los casos en que el fiscal no lo haga en un plazo razonable; plazo que en ninguna circunstancia, puede exceder al establecido por el art. 134 CPP, para la conclusión de la Etapa Preparatoria”.