SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2817/2010-R

El art. 128 de la CPE, previene la acción de amparo constitucional cuya finalidad es la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

A su vez, en el art. 129 de la CPE, dispone los dos principios que la caracterizan, subsidiariedad e inmediatez, precisándose en el parágrafo I, refiere que esta acción se podrá interponer: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; y, el parágrafo II determina lo siguiente: “…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” en referencia a su carácter inmediato; ambas características fueron ya asumidas en la Ley del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia constitucional determinando que esta acción tutelar es viable únicamente en la medida en que el accionante agote previamente todos los medios ordinarios o administrativos en la salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales y sólo ante la persistencia de la lesión se apertura el amparo constitucional, siempre y cuando esta acción sea interpuesta dentro de los seis meses de producida la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.