SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1170/2012

En coherencia con lo señalado precedentemente, el anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, determinó las siguientes reglas y subreglas de improcedencia en atención al principio de subsidiariedad que rige para la acción de amparo constitucional, razonamiento que ha sido reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0833/2012 de 20 de agosto, cuando indicó que: “'…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución'. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiariedad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…” (las negrillas nos pertenecen).

A su vez, la SC 0273/2010-R de 7 de junio, refiriéndose al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional reiteró que: “…el Amparo Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque únicamente puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable”.

En ese entendido se colige que la acción de amparo constitucional está regida por el principio de subsidiariedad, lo que quiere decir que no podrá ser interpuesta sí previamente no se agota los medios o recursos ordinarios que tuvieren expeditos a objeto de reparar el agravio sufrido como emergencia de la vulneración de un derecho fundamental o una garantía constitucional, y sólo en defecto de ésta, de ser evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza de restricción de los derechos, se acuda a la jurisdicción constitucional, actuar en contrario impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional efectuar la compulsa de fondo de los actos ilegales u omisiones indebidas denunciados.