SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1944/2013

              En ese orden, el art. 1 de la RM 1302 de 15 de octubre de 1999, que modifica el art. 3 de la RM 026 de 11 de enero de 1999, determinó que la prohibición de doble percepción de renta y salario establecido en dicha norma sólo en el caso que ambas provengan de la misma fuente, alcanzaba a todos los asegurados del Sistema de Reparto, que se encuentren en actividad laboral en una entidad contemplada en el Presupuesto General de la Nación. En base a la RM 026, el Viceministro del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, emitió el instructivo 001/99 de 20 de enero, a efectos que el SENASIR de cumplimiento aún de oficio a ese efecto. En igual sentido, se pronunció posteriormente el DS 27991 de 28 de enero de 2005 -que sin embargo, no se aplicó en el caso del accionante por ser ulterior-, cuyo art. 19, prescribe que los asegurados que estuvieran percibiendo una renta del Sistema de Reparto, compensación de cotizaciones, Pago de Reparto Anticipado (PARA), Pago Mínimo Mensual (PMM) o cualesquier otro beneficio mensual a crearse bajo el financiamiento del TGN, y en forma simultánea estén trabajando en el sector público en calidad de dependientes, deberán pedir al SENASIR, la suspensión temporal de su renta, compensación de cotización u otros; pudiendo una vez que cese su relación de dependencia laboral, impetrar la reposición de dicho beneficio.

              La SCP 0055/2013, ya citada en Fundamentos Jurídicos precedentes, realizó un análisis escrupuloso y detallado sobre la temática hoy analizada, el que por la connotación en el presente caso, merece ser ampliamente puntualizado; así, la SC 1587/2003-R de 10 de noviembre; refirió: “‘…de conformidad con las normas previstas en las Resoluciones Ministeriales 026 y 1302 de 11 de enero y 15 de octubre ambas de 1999 y DS 26466 de 22 de diciembre de 2001, los asegurados que cuenten con renta en curso de pago, podrán continuar ejerciendo servicio laboral activo bajo la condición de suspensión previa del pago de su renta mientras dure dicho servicio activo, si la actividad laboral la desarrolla en una entidad contemplada en el Presupuesto General de la Nación; de las normas referidas se infiere que en el sistema de reparto común, modificado mediante la Ley de Pensiones, se ha establecido la prohibición de que un asegurado pueda percibir un doble ingreso proveniente del Presupuesto General de la Nación, es decir, se prohíbe que el asegurado pueda percibir la renta de vejez, de una parte y, un salario como trabajador activo, de otra, salvo que el asegurado pida la suspensión previa de su renta para poder prestar servicio activo y percibir un salario. En consecuencia, se entiende que si el asegurado infringe las normas precedentemente referidas, la Dirección de Pensiones, tiene facultad para, previa revisión de oficio, disponer la suspensión provisional o definitiva de una renta de vejez, cuando verifique que el beneficiario está percibiendo doble ingreso del Presupuesto General de la Nación y, en su caso, proceder a la recuperación de las rentas indebidamente cobradas, acudiendo para ello a los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico vigente”.

              Posteriormente, agregó que: “…teniendo presente que tanto el debido proceso como el derecho a la defensa deben impregnar la función administrativa de todo ente público a tiempo de asumir determinaciones y trasuntarlas en actos administrativos, es necesario revisar las normas previstas por la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación a la validez y eficacia de los actos mismos; en ese sentido, el art. 32.I de la citada Ley establece que los actos de la administración pública sujetos a dicha norma, se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación, agregando en el segundo parágrafo que la eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido.

El mandato contenido en el art. 33 del mismo compilado, establece que la administración pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten sus derechos subjetivos o intereses legítimos. El art. 55.I referido a la fuerza ejecutiva, dispone que las resoluciones definitivas de la Administración Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso; agregando en el parágrafo tercero que la propia administración ejecutará por sí misma sus propios actos administrativos conforme a reglamentación especial establecida para cada sistema de organización administrativa.