SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0762/2013-L

Los referidos entendimientos guardan armonía con el Estado Constitucional de Derecho que vela por la aplicación directa, en las causas judiciales, de los derechos y las garantías constitucionales previstos en nuestra Ley Fundamental, en razón a que fueron incorporados para precautelar el libre y eficaz ejercicio de los derechos (art. 13.III y 109.I de la CPE).

Por lo expuesto, se arriba a la conclusión de que el Juez en el ámbito civil, como autoridad investida de la potestad de impartir justicia tiene el deber de resolver las causas sometidas a su conocimiento velando por el cumplimiento del fin esencial del proceso -la materialización del derecho sustancial sobre el formal-, encontrándose autorizado, por el art. 378 del CPC, a tomar convicción de los hechos litigiosos a través del diligenciamiento de los medios de prueba que considere pertinente, puesto que la vigencia del Estado Constitucional de Derecho le reclama que su labor se rija bajo los principios de certeza y verdad material; por ende, no sólo es un director del proceso sino también en un verdadero activista y defensor de los derechos y las garantías constitucionales de los sujetos procesales; y, en cuanto a las directrices procesales, así como los valores axiológicos supremos, contenidos en los arts. 8 y 180.I de la CPE, éstos deben cobrar materialización en cada determinación judicial dispuesta por el Órgano Judicial.