SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0762/2013-L

La SCP 0527/2012 de 9 de julio, estableció que: “…tomando en cuenta que en nuestro sistema procesal civil, rige el principio de especificidad, el cumplimiento de los deberes y obligaciones a las que se encuentran atadas las autoridades de alzada, son en suma relevantes para una correcta administración de justicia, toda vez que, la decisión que se adopte en segunda instancia, representara la configuración del derecho al debido proceso, en consecuencia dicha labor no puede apartarse del marco normativo previsto por el legislador, debiendo incluso observar ciertos parámetros de actuación judicial, así entre algunas podemos citar: i) Conducta, pues esta debe ser imparcial y objetiva; ii) Motivación, orientada a asegurar la legitimidad del juez, que garantiza el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales; iii) Justicia y equidad, pues se debe tener presente que, el fin último de la actividad judicial es plasmar la justicia por medio del derecho, asimismo la exigencia de equidad deriva en la necesidad de atemperar, con criterios de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables para las partes en contienda”.

Ahora bien, siendo que los sujetos procesales -las más de las veces-, a tiempo de presentar el recurso de apelación solicitan al tribunal de alzada la nulidad de obrados, se hace necesario manifestar que la SC 0631/2004-R de 22 de abril, estableció que ésta no puede afectar a las decisiones emitidas por otra autoridad judicial de igual jerarquía, puesto que: “…ningún Juez o Tribunal de alzada, tiene facultad legal para anular mediante un recurso de apelación, resoluciones dictadas por sus similares, toda vez que en virtud del principio de jerarquía (…), solamente el superior en grado puede anular obrados en un proceso judicial. En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional, en la SC 1620/2002-R, de 20 de diciembre al señalar que: ‘...El tribunal de alzada, a tiempo de conocer un recurso de apelación deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de la apelación, conforme prescribe el art. 236 del CPC; sin embargo, también es su obligación revisar de oficio el proceso para verificar si el inferior observó los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para en su caso, aplicar las sanciones correspondientes…´.