SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2014
Fecha: 03-Ene-2014
2) Nulidad relativa
Tales supuestos se dan, por ejemplo, en la falta o defecto en la citación con la demanda (art. 128 del Cód. Pdto. Civ.) o en la falta de notificación con la sentencia (art. 137-4) del Cód. Pdto. Civ.) o con la apertura del término de prueba (art. 247 de la L.O.J.). En tales casos (y otros) sólo el perjudicado puede reclamar la nulidad, dentro de una oportunidad determinada.
En virtud del principio de protección, la nulidad relativa sólo puede ser reclamada por la parte perjudicada por el vicio (aplicación extensiva del art. 555 del Cód. Civ.). Y así tendríamos que la falta o defecto en la citación con la demanda, prueba o sentencia (arts. 128 del Cód. Pdto. Civ. Y 247 de la L.O.J.) la nulidad sólo puede pedirla el perjudicado (mas no por la otra parte).
En virtud del principio de preclusión (art. 1514) del Cód. Civ.) del vicio sólo puede reclamar la parte perjudicada dentro de la oportunidad señalada por la ley y si no lo hace en esa ocasión precluye su derecho de pedir la nulidad. Aplicación de este principio encontramos en los arts. 136 y 258-3) del Cód. Pdto. Civ. Cuando el primero dispone que “la saca del expediente en los casos permitidos por la ley, importa la notificación con todas las resoluciones” y según el segundo ‘en el recurso de casación…no será permitir alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesan el orden público’”.
Alberto Luis Maurino, en su libro ‘Nulidades procesales’, 2ª Edición actualizada y ampliada 1ª reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires 2001, pag. 31 a 32, refiriéndose a la interpretación de las nulidades del proceso civil señaló lo siguiente: ‘Además de los principios que rigen los presupuestos de las nulidades, como por ejemplo los de especificidad, finalidad, trascendencia, convalidación, etc., existen reglas de interpretación de ellas, que la jurisprudencia y la doctrina han consagrado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concediendo
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.14.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- 4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado
- III.3. Sobre la citación y sus formas
- ARTÍCULO 121.- (Citación por cédula)
- IV.
- i)
- será nula toda citación que no se ajuste a los preceptos establecidos en el capítulo presente
- 1) Nulidad absoluta
- 2) Nulidad relativa
- La declaración de nulidad «es un remedio excepcional, último», al que debe recurrirse cuando no queda otro medio para subsanarla.
- »
- En principio, pues, la notificación del traslado de la demanda la intimación de pago -en los juicios ejecutivos- debe hacerse en el domicilio real del accionado o, en su defecto, en el domicilio especial constituido en instrumento público
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- III.6. Respecto al derecho a la tutela judicial y efectiva
- Este derecho fundamental, de acuerdo con la doctrina consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante,
- través de la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses en el curso del proceso
- 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso
- la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida en el sentido más amplio, dentro del contexto constitucional referido, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados
- Cabe resaltar que este derecho fundamental está debidamente reconocido por el art. 115.I de nuestra CPE, en el que textualmente sostiene que: Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
- el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia
- ha dejado establecido que: ‘«la seguridad jurídica» es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento’.
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- son inviolables
- propiedad privada está garantizada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo
- III.9. Análisis del caso concreto
- interpuso incidente de nulidad de obrados por falta de citación, hasta el informe del Oficial de Diligencias
- fue
- que sólo puede ser utilizada cuando no existen otros medios de citación más efectivos y, que previo a ello deben agotarse todas aquellas otras modalidades de citación que garanticen en mayor medida el derecho a la defensa del demandado
- III.9.1. Respecto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso
- III.9.3. Con relación a la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica
- III.9.4. Respecto a la presunta vulneración del derecho a la propiedad
- Fragmento 54