SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2014
Fecha: 03-Ene-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Sur S.A. (en liquidación) contra Jorge Antonio del Rio Escalante, se publicó el segundo aviso de remate para el 3 de agosto de 2009, del bien inmueble ubicado en la Unidad Vecinal (UV) 58, manzana 48, lote 15, con una superficie de 418,80 m2, registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0076779; tomado conocimiento del remate, concurrió a la subasta en calidad de postora, habiéndose adjudicado dicho inmueble en la suma de $us48 579,71.- (cuarenta y ocho mil quinientos setenta y nueve 71/100 dólares estadounidenses), que fueron depositados en tiempo hábil y oportuno. Una vez cancelado el monto, el Juez de la causa, mediante Auto de 10 de ese mes y año, le adjudicó el bien inmueble con lo que quedó perfeccionada la venta judicial.
Complementa que, luego de haberse perfeccionado la venta judicial, Jorge Antonio Del Rio Escalante, presentó incidente de nulidad de obrados por falta de citación, pese a que fue citado mediante edictos de ley, porque el domicilio que indicó en el documento de préstamo de dinero constituía el lote de terreno baldío que se adjudicó, donde no podría haber vivido, tampoco señaló otro domicilio para ser habido; refiere, que dicho incidente fue resuelto por el Juez de la causa, mediante Auto de 17 de febrero de 2011, que fue declarado improcedente.
Manifiesta que, contra dicho fallo, el ejecutado interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, mediante Auto de Vista de 4 de junio de 2012, revocando el Auto de 17 de agosto de 2011, disponiendo la nulidad de obrados hasta “fs. 64” inclusive; es decir, hasta la notificación con la demanda, disponiendo se cite al ejecutado Jorge Antonio Del Rio Escalante, en su domicilio real. Manifiesta que este Auto de Vista, es el que conculca sus derechos y garantías porque en el primer Considerando afirmó que el demandado debió ser buscado en el domicilio señalado en el otrosí octavo de la demanda; es decir, en el barrio Sirari, UV 58, manzana 48, lote 15, sin tomar en cuenta que dicho domicilio es el lote baldío que se adjudicó, donde no podría haber vivido por ser precisamente baldío, por ese hecho es que se le notificó mediante edictos tal cual establece el art. 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concediendo
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.14.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- 4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado
- III.3. Sobre la citación y sus formas
- ARTÍCULO 121.- (Citación por cédula)
- IV.
- i)
- será nula toda citación que no se ajuste a los preceptos establecidos en el capítulo presente
- 1) Nulidad absoluta
- 2) Nulidad relativa
- La declaración de nulidad «es un remedio excepcional, último», al que debe recurrirse cuando no queda otro medio para subsanarla.
- »
- En principio, pues, la notificación del traslado de la demanda la intimación de pago -en los juicios ejecutivos- debe hacerse en el domicilio real del accionado o, en su defecto, en el domicilio especial constituido en instrumento público
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- III.6. Respecto al derecho a la tutela judicial y efectiva
- Este derecho fundamental, de acuerdo con la doctrina consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante,
- través de la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses en el curso del proceso
- 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso
- la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida en el sentido más amplio, dentro del contexto constitucional referido, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados
- Cabe resaltar que este derecho fundamental está debidamente reconocido por el art. 115.I de nuestra CPE, en el que textualmente sostiene que: Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
- el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia
- ha dejado establecido que: ‘«la seguridad jurídica» es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento’.
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- son inviolables
- propiedad privada está garantizada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo
- III.9. Análisis del caso concreto
- interpuso incidente de nulidad de obrados por falta de citación, hasta el informe del Oficial de Diligencias
- fue
- que sólo puede ser utilizada cuando no existen otros medios de citación más efectivos y, que previo a ello deben agotarse todas aquellas otras modalidades de citación que garanticen en mayor medida el derecho a la defensa del demandado
- III.9.1. Respecto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso
- III.9.3. Con relación a la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica
- III.9.4. Respecto a la presunta vulneración del derecho a la propiedad
- Fragmento 54