DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2014
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2014

Fecha: 08-Dic-2014

d)

d)  Su capacidad de contribuir a la interculturalidad a partir del texto de la CPE vigente, constituyéndose en un espacio de gestión pública que demostró ser, en las últimas fases del periodo pre constituyente, un eficiente gestor de la diversidad y un buen canalizador de la presencia indígena en las instancias de gobierno local. Afirmación que se ratifica con: 1) La constatación realizada por Albó y Barrios cuando expresan que: "Donde se ha asegurado una mayor presencia originaria es en las instancias de gobierno local, a partir del nuevo escenario creado por la Ley de Participación Popular de 1994. En la primera gestión municipal (1996-1999) basada en esta ley, más de 500 campesino-indígenas accedieron a gobiernos municipales como concejales e incluso alcaldes, tras las elecciones municipales de diciembre 1995. En la siguiente gestión municipal (2000-2003) las autoridades municipales que se consideraban miembros de pueblos originarios eran ya en torno a un millar o 65% del total (Albó y Quispe 2004)"; y, 2) Más allá de lo predominantemente rural, es en el espacio municipal urbano donde confluye la diversidad y se generan con mayor intensidad las relaciones de interculturalidad.

En este marco, cabe resaltar los evidentes avances en la organización municipal boliviana a partir del carácter plurinacional del Estado prevista en la Ley Fundamental vigente y que se transversaliza en todas las instancias y niveles de gobierno; traduciéndose en el nivel local, en previsiones normativas y organizativas concretas, abriendo la posibilidad para que las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) existentes al interior del territorio municipal y que no hubiesen podido acceder a la autonomía indígena originaria campesina (AIOC), cuenten con los mecanismos suficientes que les permitan, por un lado, participar de manera directa en las decisiones del gobierno municipal y por otro, desarrollar sus propias formas de organización y gestión de sus necesidades colectivas. Así por ejemplo, la norma prevé la representación indígena originario campesina (IOC), al concejo municipal de acuerdo a sus procedimientos propios y la posibilidad de establecer por decisión suya, distritos municipales IOC descentralizados, con importantes facultades de autogestión.

Por otra parte -conceptualmente hablando-, es la ubicación del nivel municipal en el sistema de relaciones intergubernamentales y la inexistencia de jerarquías entre las diferentes ETA, las que configuran el peculiar modelo de Estado boliviano. Así, al no reconocerse subordinación alguna entre todos los niveles territoriales estatales, gozando todos del mismo rango constitucional (art. 276 de la CPE), se proyecta un sistema de relaciones intergubernamentales multidireccional y complejo; más aún, si se considera la vigencia un catálogo competencial también complicado, que incluye competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, que se ejercen a partir de la distribución de diferentes facultades (legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora) a las distintas ETA.

Distinto es el caso de los Estados compuestos de carácter federal clásico, caracterizados por la absorción de lo municipal en lo estatal (intermedio), conformando un sistema formal de relacionamiento intergubernamental de carácter esencialmente dual, basado principalmente en la interacción formal entre el gobierno de la federación y los gobiernos de los estados que la conforman, jugando el municipio un rol subsidiario al encontrarse prácticamente subsumido en el nivel territorial intermedio.

d)  Son progresivos, característica que se colige del art. 13.II de la CPE, que establece: "Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados", lo que quiere decir que el catálogo de derechos enunciado en el "bloque de constitucionalidad", llega a constituirse en una línea de base que tenderá a incrementarse conforme se produzca un mayor avance en el desarrollo de las sociedades. Así, se estaría hablando de la progresividad como la posibilidad de un mayor desarrollo normativo que involucre una ampliación del catálogo de derechos ya establecido y formalizado con los llamados derechos emergentes que bien pueden devenir de los primeros; es decir, de una mayor profundización en la interpretación y aplicación de los derechos ya establecidos, generando otros nuevos o provenir de nuevos hechos materiales propios del desarrollo tecnológico y social de la humanidad, provocando la emergencia de nuevos derechos sin un correlato directo con los preexistentes.

Conviene recordar, además, lo expresado por la DCP 0008/2013 de 27 de junio, en los siguientes términos: "…los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos se encuentran ya expresados en la Constitución Política del Estado y una determinación diferenciada de los mismos en el proyecto de Estatuto implicaría una inconstitucionalidad manifiesta, máxime si se efectúa al margen del orden competencial; sin embargo, en el caso en examen, no concurre aquello pues no se establece una determinación diferenciada de derechos y deberes para los pandinos ni por encima ni por debajo de los límites constitucionales…" (el subrayado nos pertenece); coligiéndose que un desarrollo normativo que implique el establecimiento de derechos diferenciados o los limites, puede afectar el principio de igualdad, adquiriría en tal sentido, cierta repercusión constitucional.

Una vez señalados los alcances de la progresividad de los derechos fundamentales, corresponde considerar lo determinado en el art. 109.II de la Ley Fundamental que indica que: "Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley", disposición desarrollada por el art. 71 de la LMAD, en los siguientes términos: "(RESERVA DE LEY). Todo mandato a ley incluido en el texto constitucional sin determinar la entidad territorial que legislará, implica el ejercicio de exclusividad nacional, salvo en el caso de las competencias exclusivas de una entidad territorial autónoma, donde corresponderá su respectiva legislación".