DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2014

La breve descripción histórica desarrollada en el punto anterior, nos sirve de marco referencial para comprender mejor las razones que impulsaron al constituyente a integrar los logros pre constituyentes obtenidos a nivel municipal en el actual diseño de la organización territorial estatal boliviana.

El art. 272 de la CPE, señala que la autonomía "…implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones", enunciado del que se extraen los tres componentes básicos del concepto: autogobierno (elección de su gobernantes y estructuración de su propio aparato de administración pública), autonomía administrativa y financiera (siempre en el marco de las políticas generales del sector y bajo la lógica de lo que en teoría se conoce como "descentralización fiscal") y un área funcional, competencial y facultativa propia para cada entidad territorial autónoma (ETA).

Por consiguiente, el gobierno autónomo municipal goza, como cualquier otra ETA, de estas tres importantes prerrogativas estructurantes; vale decir, que elige a sus autoridades y determina su propia estructura de gobierno, detenta la titularidad sobre determinados recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.), los cuales administra por sí mismo y tiene asignada una determinada cuota del poder estatal mediante el reconocimiento constitucional de un marco específico de funciones, competencias, facultades y atribuciones que son autónomamente ejercidas en el ámbito de su jurisdicción territorial.

Esto es confirmado por el art. 276 del texto constitucional, cuando enuncia que: "Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional", lo que quiere decir es que todas las ETA son igualmente autónomas, sin ningún tipo de jerarquía o subordinación entre ellas; lo que no elimina; sin embargo, la posibilidad de la existencia de diferencias organizativas, de dimensión y alcance competencial entre una y otra, como bien lo señala Romero cuando expresa que el modelo autonómico boliviano "concibe la posible existencia de entidades autonómicas mayores y menores (en cuanto a una asimetría institucional)".