DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0039/2014

De esta manera, en resumen, la dinámica del funcionamiento estatal y las necesidades del proceso de implementación de la autonomía, el orden competencial, responde a tres elementos centrales de análisis: 1) Una asignación competencial primaria o fundamental, que estaría conformada por las listas atribuidas por la Constitución Política del Estado a cada nivel de gobierno; 2) Otra secundaria que, tratándose de competencias no previstas en el catálogo primario, se reputan automáticamente a favor del nivel central, el cual en aplicación de la cláusula residual, debe reasignarlas mediante ley, siempre en observancia del principio de subsidiariedad y conforme a los arts. 297.1 de la CPE y 72 de la LMAD; y, 3) Un proceso de movilidad competencial, que si bien no implica un proceso de asignación o reasignación propiamente dicho, expresa un cierto nivel de movimiento en las facultades competenciales, bajo dos hipótesis básicas: i) En lo referente a las competencias exclusivas, en las cuales el titular puede delegar o transferir las facultades reglamentaria y ejecutiva; y, ii) Cuando se produzca un proceso de transferencia total o parcial, el ente receptor podrá a su vez, delegar total o parcialmente las facultades recibidas.

Así, se entiende que en base a la lista competencial primaria (constitucional), la movilidad competencial-facultativa, se extenderá en el tiempo en intensidades variables, esto ante la posibilidad de la asignación secundaria y la aplicación de la transferencia y/o delegación como mecanismos para la movilización de ciertas facultades en determinadas competencias (exclusivas, básicamente), lo que hace que el sistema pueda ser bastante dinámico. La movilidad competencial-facultativa, está sujeta a la voluntad de los titulares iniciales de las competencias de su exclusividad y determinada en los escenarios de negociación interterritorial, considerando las competencias que la ETA titular esté dispuesta a delegar o transferir, y las que la delegataria, esté en condiciones de asumir.

Sobre la tipología competencial, el art. 297.1 constitucional, establece cuatro categorías, las que conjuntamente el desarrollo axiológico y normativo, además de las listas de asignación por niveles de gobierno (en total nueve) forman parte de lo que en teoría se denomina "orden competencial". Dicha categorización reconoce a las competencias:

4.  Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas".

Dicho artículo delimita los alcances de este tipo de normas básicas a partir de un carácter doble: 1) Dispositivo-dogmático, pues determina las características de identidad territorial (cultural, histórica, etc.), los valores y principios sobre los que se asienta su institucionalidad gubernativa, además de reconocer los derechos y deberes de los estantes y habitantes del nivel territorial del que se trate, siempre dentro de los límites constitucionales como es lógico; y, 2) Orgánico, generalmente más amplio, en el que desarrollan con mayor detalle las bases para la organización y funcionamiento de las ETA (gobiernos subnacionales).

El art. 410.11 de la CPE, dispone que la "...Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

En tal sentido, las normas básicas territoriales (proyecto de estatutos autonómicos y cartas orgánicas), tienen un carácter esencialmente distinto al resto de la normativa tanto nacional como subnacional y los probables conflictos o colisiones con aquellas, deberán ser resueltos en la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías que oficiará de mediador y, en caso de persistir la disputa, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 202.3 de la CPE).

En este sentido, se espera que una NORMA BÁSICA INSTITUCIONAL goce de los niveles suficientes de: 1) Legitimidad, entendida como el reconocimiento y apropiación por parte de la población del contenido del documento estatuyente, de cuyo proceso de formación se sienten partícipes y que despierta en ellos el "animus" para su cumplimiento voluntario más allá de los mecanismos coercitivos del Estado; y, 2) Legalidad, desde dos perspectivas, la primera de carácter procedí mental, que pretende el cumplimiento de las normas legales en el trámite de elaboración del proyecto normativo propiamente dicho, mientras que la segunda es de carácter material, pues busca garantizar que el contenido de la norma no se contraponga al marco constitucional.

En este sentido, el análisis del Proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca, se subdividiré en dos partes: 1) La primera, relacionada con los aspectos formales de contenido mínimo y de estructura por ley exigidos; y, 2) La segunda, referida al examen de constitucionalidad del proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca, en sus ciento trece (113) artículos, seis (6) Títulos, dos (2) Disposiciones Transitorias y su Disposición Final única. Ahora bien, a las normas identificadas por este Tribunal como inconstitucionales les corresponderá un análisis justificativo y explicativo detallado; se operará de la misma forma en aquellas disposiciones estatutarias que requieran de ciertas consideraciones, esto para despejar dudas de inconstitucionalidad, mientras que el resto de los artículos cuya constitucionalidad no fue objeto de cuestionamiento por parte de este Tribunal, se consignan sólo en el anexo de la presente Declaración Constitucional Plurinacional.

De ello se interpreta que, en líneas generales, las causales para la pérdida del mandato se clasifican en: 1) Naturales, muerte o inhabilidad absoluta y permanente; 2) Voluntarias, renuncia; 3) Sancionatorias, que pueden ser de carácter penal (establecida por el juez competente mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada) o de carácter administrativo (también ordenada por autoridad competente mediante un proceso específico, en este caso, bajo el derecho administrativo sancionador interno. Por ejemplo el abandono injustificado de sus funciones por un periodo de tiempo definido); y, 4) Plebiscitarias, revocatoria del mandato (ratificación o pérdida de la confianza política por parte de los electores en relación ai desempeño de la autoridad electa en el cargo).

1° La INCOMPATIBILIDAD de los artículos: 3 literal "i" en su frase "...sus propios..."; 31.I, 34.1 en la frase "...Asimismo la inviolabilidad de su domicilio, vehículos y oficinas de uso legislativo..."; 35 respecto a la frase "...abandono injustificado de sus funciones..."; 37 numerales 16 en lo referente a la frase "...cuando la misma sea mayor a tres días..." y 20 en el enunciado "...representantes en los directorios y síndicos de las entidades y/o empresas públicas y mixtas, en que tenga participación accionaría el Gobierno Autónomo Departamental; así como a las autoridades de las entidades descentralizadas, desconcentradas y autárquicas del departamento"; 52.II; 69.1 en la frase "...mediante ley departamental..." ; 77 en la frase: "a través de ley departamental"; 102 literal "f" en su locución "...de germoplasma..."; 105 en la frase: "el establecimiento"; 106.II.1.; y, Disposición Transitoria Segunda en su parágrafo II.2.