DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2015

El sistema de control gubernamental se compone por el control interno, que puede ser tanto previo como posterior, consta en el control que realiza la misma institución a su propia gestión, y el control externo, que siempre es posterior, es el realizado por una institución especializada través de una auditoría.

El parágrafo en cuestión plantea que el “Concejo Municipal por Ley Municipal, otorgara las facultades, atribuciones y obligaciones del Auditor Interno…” (sic), aspecto que contradice a la naturaleza concurrente de la competencia, puesto que, el sistema de control interno es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las ETA, pues la legislación que regula dicho sistema corresponde al nivel central del Estado; sin embargo, la regulación y ejecución del control se ejerce de forma simultánea entre el nivel central del Estado y las ETA.

Las facultades reglamentaria y ejecutiva son ejercidas simultáneamente,  porque a la vez existe un control propio de las ETA, el control interno (previo o posterior), que ejercen las entidades territoriales al interior de sus propias instituciones, mientras que el nivel central del Estado ejerce el control externo, a través de la Contraloría General del Estado dentro lo establecido por el art. 217 de la Ley Fundamental.

Además, señalar que en dicho parágrafo el estatuyente confunde la fiscalización con el control gubernamental, en el presente caso mencionar que el art. 271.I de la CPE, señala que: “La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas", sobre el referido artículo la mencionada SCP 2055/2012, plasmó el siguiente razonamiento: “…la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado norma de manera primaria el pacto territorial constitucional al que se llegó en la Asamblea Constituyente, por lo que sus contenidos son referentes a la organización territorial, a las autonomías y descentralización, elementos que son integralmente relacionados entre sí; entendiéndose a la autonomía como un modelo de Estado que es transversal en las cinco partes que conforman la norma fundamental, por lo tanto, el mandato del art. 271 de la CPE, carece de un carácter interpretativo restrictivo, por lo mismo debe ser entendido como un mandato que establece unos contenidos mínimos para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Con las consideraciones señaladas el art. 137 de la LMAD, señala que: “I. La fiscalización a los órganos ejecutivos es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo. Los procedimientos, actos, informes y resultados de la fiscalización deben ser abiertos, transparentes y públicos. II. El control gubernamental es ejercido por la Contraloría General del Estado y los mecanismos institucionales establecidos por la ley. III. Sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado, los estatutos o cartas orgánicas podrán instituir otros mecanismos de control y fiscalización en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el Numeral 14, Parágrafo II, Artículo 299 de la Constitución Política del Estado. IV. Ninguna norma de los gobiernos autónomos puede impedir el ejercicio de la fiscalización ni del control gubernamental establecidos en el presente Artículo”.     

“…el art. 26.II.5 de la CPE que: “El derecho a la participación comprende: La fiscalización de los actos de la función pública”. Al igual que los arts. 193, 217.II y 369 de la Ley Fundamental, recurren a la palabra fiscalización no en el ánimo de usurpar una facultad atribuida a los órganos deliberativos, sino en el entendido del concepto en sí de esta palabra…”.