AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2019-O

ii)    El Auto 320/2016 establece que el fundo fue rural y ahora es urbano, no explica porqué la normativa agroambiental debe ser aplicada a esos casos, desconociendo que el régimen de estos bienes inmuebles gira en torno al catastro urbano municipal, sujeta a la jurisdicción ordinaria, lo que inhibe al Tribunal Agroambiental a conocer cualquier tipo de demanda que se encuentra comprendida dentro de dicha jurisdicción, por lo que, “de obrar en contrario” se incurriría en invasión de jurisdicción y competencia, lo que acarrea consigo la sanción de nulidad prevista por el art. 122 CPE; ello no implica que el Tribunal Agroambiental no pueda conocer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales, sino que la tramitación de tales procesos, únicamente puede surtir efectos cuando los predios objeto de la demanda se encuentren ubicados en el área rural;

            ii)   Con relación a que no señalan que un predio en su momento fuera agrario y que haya mutado en su calidad a urbano, pueda afectarse retroactivamente cuando ya se ha consolidado, sostienen que la declaratoria de nulidad solo alcanza a declarar la nulidad del título ejecutorial y la cancelación de su registro en DD.RR. sin afectar los posteriores derechos adquiridos, sobre los cuales corresponde hacerlos valer ante la jurisdicción ordinaria aplicable al área urbana; lo cual no cumple con la línea establecida por el Tribunal Constitucional por cuanto la afectación retroactiva también es una afectación de fondo;

ii) El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas (48 horas), mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras.